SANTO DOMINGO. – El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) presentó una demanda penal contra la empresa decolor, encargada de la emisión de licencias de conducir en República Dominicana desde 2008, por presunto intento de soborno, lavado de activos y chantaje. Según la querella, ejecutivos de la compañía habrían ofrecido hasta tres millones de pesos mensuales a funcionarios del INTRANT a cambio de la renovación irregular del contrato que mantenían por más de 17 años.

El caso fue analizado en el programa Hoy Mismo, donde sus comunicadores consideraron que esta acción legal podría formar parte de una estrategia gubernamental para contrarrestar las recientes críticas hacia el director del INTRANT, Milton Morrison. “Esto puede verse como una maniobra para desviar la atención de otros temas que lo tenían en el ojo del huracán, como el fallido plan ‘RD se mueve’ y la polémica por una supuesta casa adquirida en EE. UU.”, comentó uno de los panelistas.

En el programa también se debatió si esta demanda fue una decisión aislada del INTRANT o una movida respaldada desde la Presidencia. “No creo que una institución pública someta a empresarios sin el visto bueno del presidente. Eso tiene que haber pasado por el despacho de Abinader”, sostuvo otro de los comunicadores. La querella, según dijeron, implica directamente a los ejecutivos Rogelio y Sandra Uruña, quienes han estado ligados históricamente al contrato de licencias desde su adjudicación sin concurso público.

El caso se vincula además a una serie de cuestionamientos sobre los vínculos empresariales del joven Jochi Gómez, quien supuestamente mantiene relaciones con decolor y fue mencionado como parte de un esquema que el gobierno estaría intentando desmontar. Para los comunicadores, este conflicto es también una señal de que el gobierno busca “romper relaciones con figuras que le generan ruido”, incluso si han sido parte de concesiones anteriores.

Aunque se trata de una demanda institucional, en Hoy Mismo se advirtió que este proceso podría escalar y salpicar a otras figuras de poder. “Esto apenas comienza. La intención del INTRANT es clara, pero lo que pase en tribunales va a marcar un antes y un después, tanto para la empresa como para el propio Morrison, cuya gestión sigue en entredicho”, concluyeron.