Sosúa, Puerto Plata — El Ministerio Público de la República Dominicana puso en marcha este viernes la Operación Atlántico, una ofensiva de gran escala contra el proxenetismo, la explotación sexual comercial y el tráfico ilícito de migrantes en el municipio turístico de Sosúa.
La acción forma parte de una estrategia nacional que incluye la creación de una fiscalía especial con sede en la zona norte, tras varias semanas de investigaciones lideradas por un equipo multiagencial.
En el despliegue participaron 35 fiscales y más de 500 agentes de distintas entidades del Estado, incluyendo el Ministerio de Defensa, la Dirección General de Migración, la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y organismos de protección infantil como Conani y DINNAF.
Se realizaron 29 allanamientos, se intervinieron 12 pensiones con más de 250 habitaciones y 17 centros de expendio de bebidas alcohólicas, donde se encontraron 174 mujeres, seis de ellas menores de edad, y 22 hombres, además de armas y otras evidencias vinculadas a los delitos investigados.
“La Operación Atlántico tiene varias fases, va más allá de una simple acción de interdicción”, afirmó la procuradora general adjunta, Yeni Berenice Reynoso, quien explicó que el plan contempla una estrategia sostenida en el tiempo, enfocada en erradicar redes criminales que operan en la región.
Como parte de este esfuerzo, el Consejo Superior del Ministerio Público ha aprobado la apertura de una fiscalía especializada en Sosúa, dedicada exclusivamente a los delitos de trata de personas, tráfico de migrantes, explotación sexual y venta de drogas.
La segunda fase del plan incluye patrullajes mixtos permanentes, interdicciones focalizadas, así como la creación de la Mesa de Coordinación Interinstitucional para la Seguridad e Iniciativas de Desarrollo Sostenible de Sosúa, que agrupará a autoridades locales y nacionales para dar seguimiento a los esfuerzos contra el crimen organizado en la zona.
La operación responde a años de denuncias sobre el crecimiento de redes de proxenetismo y trata en zonas turísticas del país. Con estas acciones, el Estado dominicano busca enviar un mensaje contundente sobre su compromiso con la erradicación de estos flagelos y la protección de las personas más vulnerables.
