La Junta Central Electoral continúa retrasando la adjudicación de la licitación internacional para suministrar la nueva Cédula de Identidad y Electoral (referencia JCE‑CCC‑LPI‑2024‑0001), pese a haber recibido las propuestas técnicas y económicas el 25 de febrero.

El proceso, que avanzó hasta la etapa de apertura de sobres, aún no concluye con una decisión final.

Delegados de partidos y sectores políticos insisten en que este retraso no favorezca acuerdos entre empresa y JCE, subrayando la imperiosa necesidad de transparencia. Reclaman que no se repitan situaciones pasadas donde adjudicaciones y impugnaciones dejaron dudas sobre posibles sesgos o falta de imparcialidad .

Según fuentes de la institución, el comité evaluador, presidido por Luis A. Mora, se encuentra analizando detalladamente cada propuesta, con vistas a realizar pruebas de concepto iniciando el 19 de marzo, según el cronograma establecido.

Delegados de partidos han exigido:

  • Evaluación rigurosa y pública: con auditorías o seguimientos externos que garanticen que los criterios técnicos y económicos se apliquen con equidad.

  • Evitar conexiones empresariales privilegiadas: advirtiendo que contratos anteriores levantaron sospechas de favoritismo hacia ciertos oferentes.

La JCE reiteró su compromiso con la legalidad y el reglamento de contratación pública, asegurando que cualquier adjudicación será acompañada de todas las garantías jurídicas y administrativas necesarias.

Algunos observadores electorales han advertido que la demora en la adjudicación podría comprometer el calendario de modernización del sistema de identificación, afectando no solo la emisión de nuevas cédulas, sino también la preparación para los procesos electorales venideros. “Cada semana de retraso pone más presión sobre los plazos logísticos y técnicos que requiere una implementación segura y eficiente”, afirmó uno de los técnicos consultados.

Mientras tanto, organizaciones de la sociedad civil han solicitado que la JCE publique un informe detallado del estado del proceso, incluyendo los puntajes obtenidos por las empresas en las evaluaciones técnicas. Esta medida, según indican, permitiría reforzar la confianza pública en la imparcialidad del proceso y garantizar que el contrato recaiga en la propuesta más competente y no en la más cercana a intereses particulares.