Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), en conjunto con miembros del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria (CESAC), la Dirección General de Aduanas y bajo la coordinación del Ministerio Público, incautaron 75 láminas presumiblemente de cocaína camufladas en estuches de madera para tabaco.
El operativo fue realizado en uno de los depósitos del Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), cuando una unidad canina alertó sobre posibles sustancias narcóticas dentro de varias cajas de cartón listas para ser enviadas al extranjero. Siguiendo las instrucciones del fiscal actuante, se procedió a abrir los paquetes, encontrando en su interior 75 estuches, todos con doble fondo, donde se ocultaban las láminas envueltas en cinta adhesiva marrón.
Las cajas contaminadas fueron enviadas a nombre de una compañía ubicada en el municipio de Navarrete, provincia Santiago, y tenían como destino final una supuesta empresa con dirección en St. and Jack, Estados Unidos. Las autoridades continúan con las investigaciones para identificar a los responsables y determinar el alcance de esta red de tráfico internacional.
Contrabando de droga
La República Dominicana continúa enfrentando serios desafíos relacionados con el contrabando de drogas, dado su papel estratégico como punto de tránsito en rutas del narcotráfico internacional. Las autoridades han intensificado los operativos en puertos, costas y zonas fronterizas, en un esfuerzo por impedir que sustancias ilícitas entren o salgan del país hacia destinos en Norteamérica y Europa. Este tipo de actividades delictivas suele estar vinculado a redes organizadas que operan con recursos logísticos sofisticados y contactos locales.
A pesar de los constantes decomisos y arrestos, el contrabando de drogas sigue siendo una amenaza persistente para la seguridad y estabilidad de la nación. Las autoridades dominicanas han reforzado su cooperación con organismos internacionales para mejorar los mecanismos de detección e inteligencia. No obstante, expertos coinciden en que el combate efectivo contra este flagelo también requiere fortalecer los sistemas judiciales, aumentar la vigilancia tecnológica y abordar los factores sociales que alimentan la participación local en estas redes.
