Las autoridades realizaron un operativo con grúas para desmontar y retirar varias bancas de lotería ilegales que operaban en una zona no autorizada de la ciudad. Aunque aún no se ha dado a conocer el lugar exacto del desmonte, se confirmó que estas bancas funcionaban sin los permisos legales correspondientes, lo que motivó la intervención de las autoridades.
Durante el operativo, tanto representantes comunitarios como funcionarios reiteraron que no permitirán la instalación de nuevas bancas ilegales en el área ni en ningún otro sector. Esta medida forma parte de un esfuerzo conjunto para controlar las actividades informales que afectan la seguridad, el orden público y la economía local.
Las autoridades también llamaron a la población a colaborar denunciando cualquier banca ilegal o actividad que atente contra las normativas vigentes. A su vez, aseguraron que continuarán realizando operativos similares para garantizar que solo operen establecimientos autorizados y regulados por la ley.
¿Qué necesita una banca de lotería para operar legalmente en RD?
Las bancas de lotería en República Dominicana deben contar con una serie de permisos y autorizaciones para operar legalmente, principalmente otorgados por la Lotería Nacional y la Dirección General de Casinos y Juegos de Azar. Entre los requisitos esenciales está la licencia vigente que autoriza la venta de billetes de lotería, la cual garantiza que la banca cumple con las normativas establecidas para la operación segura y transparente del negocio. Además, deben registrar el local donde operan y obtener permisos municipales que certifican que el establecimiento cumple con las regulaciones urbanísticas, sanitarias y de seguridad exigidas por las autoridades locales.
También es fundamental que las bancas cumplan con las normativas fiscales, incluyendo la inscripción en la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) para el pago de impuestos correspondientes. Estas medidas buscan evitar la proliferación de operaciones clandestinas que afectan la recaudación estatal y ponen en riesgo a los consumidores. En conjunto, estos permisos garantizan un control adecuado del mercado de juegos de azar, protegiendo tanto a los usuarios como al Estado.
