El partido Fuerza del Pueblo (FP) denunció que el gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) está llevando al colapso al sector arrocero nacional mediante una política de importaciones descontroladas que viola acuerdos previos y amenaza la seguridad alimentaria del país.
Durante una rueda de prensa, el ingeniero Héctor Acosta, portavoz del Subgabinete Agroalimentario de FP, expresó su preocupación por la crítica situación que atraviesa el sector arrocero, responsabilizando directamente a la administración del presidente Luis Abinader.
Según datos presentados por FP, en 2024 se importaron 4.7 millones de quintales de arroz por un valor de 152.7 millones de dólares, cifra superior a la autorizada por la Comisión Nacional Arrocera (CONA). De ese total, 4 millones de quintales fueron aprobados directamente por el gobierno, a pesar de que el Decreto 693-24 establece que para 2025 solo se permitiría la entrada de 23,300 toneladas métricas libres de arancel.
Además, FP denunció que se han otorgado Certificados Sanitarios para importaciones provenientes de países fuera del tratado DR-CAFTA, lo que constituiría una violación a los acuerdos establecidos y afectaría aún más al sector productivo local.
La situación se agrava con un sobreinventario de 7.64 millones de quintales de arroz, superior en 2.84 millones a lo necesario para cubrir cuatro meses de consumo nacional. A esto se suma la falta de pago de la pignoración correspondiente a los meses de abril, mayo y junio, lo que ha dejado a los molineros sin capacidad financiera para operar.
Ante esta crisis, FP solicitó al gobierno la suspensión total de las importaciones de arroz durante el resto de 2025, salvo las excepciones legales, y la reglamentación obligatoria de que toda importación futura sea aprobada por mayoría en la CONA. También pidieron la habilitación gratuita de los almacenes de INESPRE y otras instalaciones estatales para almacenar el sobreinventario y el pago inmediato de la pignoración atrasada a los molineros.
FP enfatizó que el arroz es un sector estratégico para la economía y la alimentación del país, y que más de 30,000 productores, 200,000 empleos directos y 300,000 personas que dependen indirectamente de esta cadena productiva están en riesgo. Por ello, consideraron que este es un asunto de soberanía y seguridad alimentaria nacional.
