La exministra de Salud Pública, Altagracia Guzmán Marcelino, expresó su profunda preocupación por la situación financiera que atraviesa el Seguro Nacional de Salud (SENASA), durante su participación en el panel “Situación y retos del seguro SENASA”, celebrado en el Colegio Médico Dominicano. Guzmán Marcelino calificó al SENASA como un pilar del derecho a la salud y alertó que su debilitamiento pondría en riesgo el acceso equitativo a servicios de calidad tanto en el régimen contributivo como en el subsidiado.
“SENASA es el instrumento del Estado para garantizar que el derecho a la salud se cumpla. No basta con tener un carnet, si no se encuentra el servicio, ese derecho se vuelve letra muerta”, declaró la exfuncionaria. En ese sentido, valoró el papel de la Asociación Dominicana de Especialistas en Seguridad Social (ADESA) por su defensa activa de la institución.
Por su parte, la economista Henry Ebrat presentó un análisis financiero de la entidad, advirtiendo que el envejecimiento poblacional y el aumento en la demanda de servicios de salud representan retos serios para su sostenibilidad. “En los próximos cinco años, se sumarán 227 mil personas mayores de 65 años al sistema, lo que implica más demanda, más servicios y mayor presión financiera”, explicó. Ambos panelistas coincidieron en que el fortalecimiento de SENASA debe ser prioridad para el Estado, no solo como prestador, sino como garante del derecho a la salud para más de cinco millones de afiliados.
Durante el panel también se abordó la pérdida del llamado “bono demográfico”, una ventaja que había permitido al sistema sostenerse con una población mayoritariamente joven. Con el envejecimiento acelerado, esa ventaja desaparece, y según Ebrat, el sistema debe prepararse para una etapa en la que aumentarán los costos por enfermedades crónicas, medicamentos y atención especializada. “Lo que nos ayudó en los últimos 30 años ya no está; ahora necesitamos más recursos, más personal capacitado y una mejor planificación”, enfatizó.
La doctora Guzmán Marcelino hizo un llamado directo a las autoridades a evitar que SENASA pierda su capacidad operativa y su función social. “Proteger a SENASA no es un lujo, es una obligación del Estado. Si no se fortalecen sus finanzas y su estructura, millones de dominicanos quedarán desprotegidos frente a sus necesidades más básicas de salud”, advirtió. Ambos especialistas concluyeron que sin una intervención oportuna, el país podría enfrentar una crisis silenciosa en su sistema de aseguramiento público.
