Un reciente estudio del Instituto Nacional de Migración (INM) de República Dominicana halló que los operativos migratorios están obstaculizando gravemente el acceso a trabajadores extranjeros, especialmente haitianos, en el sector construcción. En lugares como Santiago y Bávaro, el 90 % de la mano de obra en fases iniciales de obra corresponde a migrantes haitianos, muchos sin documentación legal.
El informe detalla que más del 86 % de los trabajadores en el sector construcción opera en la informalidad, con los haitianos concentrados en la etapa gris de cimentación y carga. Al intensificarse las redadas, muchos abandonan los sitios de trabajo, lo que provoca retrasos en proyectos y escasez de personal .
Las consecuencias económicas son claras: la construcción, motor clave del crecimiento (8.3 % anual entre 2014 y 2023) se ha ralentizado por falta de obreros. El INM advierte sobre la urgencia de políticas inclusivas y sostenibles que permitan la integración ordenada de mano de obra extranjera, principalmente haitiana .
Paralelamente, organizaciones de derechos humanos han denunciado abusos y violaciones en redadas, lo que genera mayor temor entre los migrantes. En zonas turísticas como Punta Cana se registraron casos documentados de agresiones contra haitianas durante arrestos, incrementando la invisibilidad laboral y social de esta población.
El estudio insta a trazar un balance entre la seguridad migratoria y las necesidades del mercado laboral. Propone mecanismos de control más humanos y transparentes, además de programas de regularización que garanticen derechos laborales y eviten interrupciones en sectores críticos como construcción y agroindustria.
Además, el estudio destaca que la falta de mano de obra extranjera no solo afecta la construcción, sino también otros sectores claves como la agricultura y el turismo, donde la presencia de trabajadores migrantes es fundamental para mantener la producción y los servicios. Por ello, expertos sugieren que una política migratoria equilibrada podría impulsar el desarrollo económico, garantizando al mismo tiempo la seguridad y los derechos humanos de los migrantes.
