El Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Estado de Estados Unidos aún no han fijado una fecha para la entrada en vigor de la nueva tarifa de visa. Se trata de la tasa de integridad de 250 dólares que se cobrará a los solicitantes de visas de turismo y otras categorías.
Aunque la medida está prevista para comenzar a aplicarse en octubre de 2025, ambas agencias federales continúan debatiendo sobre quién será responsable de su implementación y cómo se llevará a cabo el cobro.
Esta tarifa fue aprobada como parte del presupuesto impulsado durante la administración de Donald Trump, pero hasta ahora no hay claridad sobre su ejecución ni el calendario definitivo para su cobro.
Además, la falta de una fecha concreta genera incertidumbre entre los viajeros y solicitantes de visa, quienes desconocen si deberán prepararse para un gasto adicional al momento de tramitar sus documentos. Organizaciones y agencias de viajes han pedido mayor claridad para poder asesorar adecuadamente a sus clientes.
Por otro lado, expertos en migración advierten que la tarifa podría afectar la cantidad de solicitudes, especialmente en categorías de visas temporales o de turismo, al incrementar el costo del proceso. Esto podría tener un impacto en el flujo de visitantes hacia Estados Unidos.
Las autoridades estadounidenses aseguran que la tasa busca mejorar la seguridad y la integridad del sistema migratorio, destinando los fondos recaudados a fortalecer los controles y evitar fraudes en la emisión de visas. Sin embargo, la demora en definir los detalles técnicos ha retrasado la puesta en marcha de la medida.
Mientras tanto, funcionarios mantienen reuniones periódicas para resolver los aspectos técnicos y operativos relacionados con la recaudación de la tarifa. Se espera que en las próximas semanas se anuncien avances que permitan establecer un calendario claro para su implementación.
En tanto, los solicitantes de visa deben estar atentos a las comunicaciones oficiales para evitar sorpresas al momento de tramitar sus documentos, ya que la nueva tarifa podría convertirse en un requisito obligatorio en cualquier momento a partir de octubre de 2025.