Este lunes 14 de julio de 2025, el valor de Bitcoin alcanzó un nuevo hito histórico, superando con creces los $120 000, impulsado por un aumento del 29–30 % en lo que va del año.
En su punto más alto intradía tocó los $123 153, antes de estabilizarse en torno a los $122 000.
Este avance coincide con la puesta en marcha de la “Crypto Week” en la Cámara de Representantes de EE. UU., donde, a partir de hoy, se discuten tres proyectos de ley clave: el GENIUS Act (estableciendo reglas para stablecoins), el CLARITY Act (que define responsabilidades regulatorias), y el Anti‑CBDC Surveillance State Act (que busca impedir emisones de monedas digitales por parte de la Reserva Federal).
El optimismo de los inversores se refuerza con la posibilidad de que estas leyes aporten claridad regulatoria al sector, permitiendo la entrada de capital institucional previamente retenido por la incertidumbre legal. además, el presidente Donald Trump ha respaldado públicamente esta iniciativa, promoviendo una estrategia pro‑cripto dentro del gobierno..
Analistas destacan que esta escalada de precios es consecuencia de varios factores combinados: fuerte inversión institucional, un entorno macroeconómico favorable (incluyendo expectativas de recorte de tasas), y acciones políticas concretas como la orden ejecutiva de marzo que establece una “Reserva Estratégica de Bitcoin” a nivel federal.
La evolución del alza también se refleja en criptomonedas como Ether, XRP y Solana, que han subido entre un 2 % y 5 % y han elevado la capitalización total del mercado cerca de los $3,8 billones.
A pesar del clima alcista, algunos analistas advierten sobre el riesgo de correcciones a corto plazo, señalando indicadores de sobrecalentamiento como el Crypto Fear & Greed Index, que ronda niveles de 70.
Además del impacto en los mercados financieros, el ascenso del Bitcoin ha generado reacciones mixtas en el ámbito político. Mientras líderes republicanos celebran el crecimiento del sector como una señal de confianza en la economía digital, algunos demócratas expresan preocupación por los riesgos asociados, incluyendo evasión fiscal, lavado de dinero y especulación descontrolada. En este contexto, el Congreso enfrenta el reto de equilibrar la innovación tecnológica con la protección del sistema financiero tradicional y los consumidores.
