El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y su director ejecutivo, Milton Morrison Ramírez, presentaron una querella penal ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) contra la empresa Color SRL, su presidente Rogelio Oruña y la gerente general Sandra Oruña, por una presunta red de extorsión y lavado de activos.
Según la denuncia, la trama buscaba obtener la prórroga de un contrato estatal vencido que había sido adjudicado a Color SRL para la instalación y operación del sistema integral de emisión y renovación de licencias de conducir en todo el país. El contrato original, firmado en enero de 2020 por un periodo de cinco años, incluía la administración de 21 centros de atención, provisión de personal y equipos, además de la operación tecnológica completa del sistema.
La querella también menciona la posible participación de otros actores aún por identificar, cuyos roles serán investigados por el órgano persecutor. Milton Morrison enfatizó que esta acción reafirma el compromiso del Intrant y del gobierno dominicano con la transparencia y la lucha contra la corrupción en la gestión pública.
La denuncia presentada ante la PEPCA señala que los presuntos intentos de soborno forman parte de una estrategia para mantener el control sobre un contrato que ya había expirado, lo que implicaría irregularidades administrativas y posibles delitos de corrupción. La investigación buscará determinar el alcance de estas acciones y si existen otras personas o entidades involucradas en la supuesta red.
Milton Morrison aseguró que el Intrant está dispuesto a colaborar plenamente con las autoridades judiciales para que se haga justicia y se garantice la integridad de los procesos administrativos en el sector transporte. “No vamos a permitir que prácticas corruptas socaven la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas”, expresó.
Esta querella se suma a una serie de esfuerzos gubernamentales para combatir la corrupción y fortalecer la transparencia en contratos estatales, especialmente en áreas estratégicas como la emisión de licencias de conducir, que afectan directamente a millones de usuarios en todo el país. La PEPCA ya inició las investigaciones para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables.c
