Santo Domingo, 17 de julio de 2025 – En una sesión extraordinaria, la Cámara de Diputados dio luz verde en primera y segunda lectura al proyecto que modifica la Ley 225‑20 de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, luego de haber sido aprobada previamente por el Senado en enero de este año . Con una mayoría firme, la reforma avanza hacia el Senado para su revisión final.
Entre los cambios más destacados, la normativa introduce estándares de biodegradabilidad para el foam (poliestireno expandido): deberá degradarse al menos un 20 % en el primer año y alcanzar un 90 % en cinco años, con certificados y auditorías que así lo respalden.
Además, impone una regulación más estricta sobre fundas plásticas, aunque algunos expertos del Ministerio de Medio Ambiente advierten que los nuevos materiales biodegradables podrían fragmentarse en micropartículas difíciles de controlar, generando impactos ambientales ocultos.
Asimismo, se establece la creación de vertederos únicos por provincia y plantas de procesamiento con un radio máximo de acción de 70 km (una por cada 10 regiones), medidas diseñadas para ordenar la disposición final de los residuos.
También se fortalece el control desde Aduanas y el Ministerio de Medio Ambiente, garantizando que el ingreso y distribución de materiales plásticos cumpla con los nuevos estándares .
Mientras la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu) y otros sectores respaldan la reforma para mejorar la eficiencia local en recolección y gestión, surgen resistencias por parte de las micro y pequeñas empresas, preocupadas por posibles incrementos en costos operativos y carga burocrática.
Con este paso, la reforma busca cerrar brechas en la gestión de residuos sólidos, en línea con estándares internacionales, aunque aún debe superar el análisis senatorial y posibles ajustes para consolidarse como un instrumento efectivo en la protección ambiental del país.
La aprobación en doble lectura marca un avance significativo en los esfuerzos legislativos por enfrentar la crisis de residuos sólidos que afecta a numerosas comunidades del país. Con esta reforma, se espera mejorar la eficiencia en la recolección, tratamiento y disposición final de los desechos, así como fomentar una mayor responsabilidad de los productores y consumidores. Además, la ley establece incentivos para el reciclaje y la economía circular, promoviendo prácticas más sostenibles en todos los niveles del sistema productivo.
