El comunicador Manuel Cruz lanzó una fuerte advertencia sobre el impacto social y económico del embarazo adolescente en República Dominicana, afirmando que “muchas de esas jóvenes se convierten en una carga para el Estado”. Durante su intervención, citó un dato alarmante publicado por Diario Libre: uno de cada ocho partos en Profamilia corresponde a una madre adolescente.
Cruz subrayó que detrás de cada embarazo temprano se esconde una cadena de fallas familiares, sociales y legales. Denunció que muchas de estas menores son víctimas de adultos, y sin embargo, los agresores rara vez enfrentan consecuencias judiciales. Afirmó que estos embarazos, además de interrumpir la educación de las jóvenes, perpetúan ciclos de pobreza, dependencia económica y violencia. Según cifras de la ONU, el Estado dominicano gasta anualmente más de 130 millones de dólares en este problema, recursos que a juicio del comunicador deberían destinarse a educación y desarrollo juvenil.
“El embarazo adolescente no es una simple estadística, es un caos social que nadie quiere enfrentar seriamente”, sentenció Cruz, reclamando políticas públicas más efectivas y acciones reales desde las familias y el sistema de justicia.
Manuel Cruz también criticó la falta de responsabilidad de algunos padres, quienes delegan en la escuela y la iglesia la educación y formación moral de sus hijos, cuando en realidad ese rol les corresponde a ellos. Señaló que la escuela debe enfocarse en la enseñanza académica, mientras que la orientación en valores y conducta debe venir desde el hogar. Además, alertó que muchas de estas jóvenes embarazadas provienen de barrios marginados donde imperan códigos propios que dificultan la aplicación de políticas públicas tradicionales.
Finalmente, Cruz hizo un llamado urgente a las autoridades para que no ignoren este problema hasta que aparezca en las estadísticas, sino que actúen con políticas integrales que involucren a las familias, la justicia y la comunidad. Insistió en la necesidad de invertir en educación de calidad y programas de apoyo social que permitan a las adolescentes continuar sus estudios y romper el ciclo de pobreza y violencia que suele acompañar estos embarazos precoces. “No podemos seguir dejando que la inacción genere más generaciones vulnerables y dependientes del Estado”, concluyó.