Una comisión del Comité Institucional Codiano (CIC), que representa a 92 contratistas con deudas acumuladas por más de RD$390 millones por obras ya entregadas al Estado dominicano, denunció este lunes ante la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) la desaparición de documentos clave en varias instituciones públicas que ha obstaculizado el pago de esas obligaciones.

La comisión estuvo integrada por el arquitecto Emiliano Familia y los ingenieros Félix Michelli y Miguel Liberato, quienes advirtieron que esta situación mantiene a decenas de contratistas en un limbo legal y financiero, al no poder completar los trámites requeridos por el Ministerio de Hacienda para procesar sus pagos.

De los RD$390 millones reclamados, RD$54 millones corresponden a 11 contratistas fallecidos en los últimos 14 años, cuyas familias aún esperan una retribución por obras que ya fueron entregadas y utilizadas por el Estado.

“Se trata de documentos generados por las propias instituciones deudoras, cuya desaparición constituye un hecho sumamente grave que podría evidenciar negligencia administrativa, encubrimiento o incluso sabotaje”, expresó el CIC en el escrito depositado ante el Ministerio Público.

El Comité aseguró que varias entidades públicas, entre ellas el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (MIVED), han reconocido la falta de documentos en sus archivos, lo que impide completar el proceso de validación de los pagos. Como parte de la denuncia, el CIC anexó un listado de 52 expedientes de contratistas afectados por la pérdida de información documental.

Los denunciantes advierten que la desaparición de documentos públicos no es un hecho menor, sino una infracción que podría ser administrativa y penal, ya que se trata de archivos oficiales bajo custodia de funcionarios del Estado. “No puede descartarse la existencia de acciones dolosas o de sabotaje deliberado al mandato presidencial”, afirmaron.

La solicitud está respaldada por disposiciones de la Constitución de la República, el Código Penal Dominicano, la Ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio y la Ley 41-08 de Función Pública, que establecen sanciones para la pérdida, destrucción u ocultamiento de documentos oficiales.

El CIC concluyó que este tipo de prácticas atentan no solo contra los derechos contractuales de los afectados, sino también contra la confianza ciudadana en la gestión pública, por lo que exigieron una investigación exhaustiva y sanciones para los responsables.