El Poder Judicial impuso medidas de coerción contra el comunicador Ángel Martínez y la influencer Ingrid Jorge, tras ser acusados de difamación e injuria por la exsenadora Faride Raful. Ambos enfrentan procesos judiciales por alegadas agresiones verbales que, según la parte querellante, afectan su honor y reputación.
En el caso de Ángel Martínez, el juez Raimundo Mejía del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ordenó presentación periódica, una garantía económica de 500 mil pesos a través de compañía aseguradora, e impedimento de salida del país. El magistrado recordó que no pudo imponer prisión preventiva debido a que Martínez tiene 71 años, lo que está prohibido por el artículo 228 del Código Procesal Penal. No obstante, advirtió que su comportamiento irrespetuoso con el tribunal estuvo cerca de costarle su libertad inmediata.
Por su parte, la jueza Yanet Rivas del Sexto Juzgado de la Instrucción impuso a Ingrid Jorge medidas similares: presentación periódica, impedimento de salida y el pago de una garantía económica de 200 mil pesos en efectivo. La parte querellante señaló que aceptó darle siete días para completar el pago, evitando así su detención inmediata.
Cabe recordar que Jorge admitió públicamente que sus declaraciones sobre Faride Rafull fueron realizadas bajo manipulación y de forma inconsciente, sin embargo, los abogados de la exsenadora afirman que una disculpa no basta y que buscarán que la justicia actúe conforme a derecho.
Además, el caso ha generado gran expectativa en los sectores mediáticos y legales, pues sienta un precedente sobre la responsabilidad de comunicadores y figuras públicas en sus expresiones, especialmente cuando se afectan derechos fundamentales como el honor y la reputación. Expertos han señalado que estos procesos muestran un fortalecimiento del Estado de Derecho, donde nadie está por encima de la ley, y que la justicia debe garantizar un equilibrio entre la libertad de expresión y el respeto a la dignidad de las personas.
Mientras tanto, tanto Ángel Martínez como Ingrid Jorge continúan con sus actividades, pero bajo estricta vigilancia judicial, y deberán cumplir con las medidas impuestas para evitar mayores consecuencias legales. Este caso seguirá siendo monitoreado de cerca por la opinión pública y podría tener nuevas resoluciones en las próximas semanas.
