El Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (CODUE) ha calificado como un abuso las nuevas tarifas del seguro obligatorio para motocicletas, que oscilan entre RD$1,300 y RD$1,600. Según el presidente de la entidad, Feliciano Lacen Custodio, este costo no se corresponde con los beneficios reales que ofrecen estos seguros, dejando desprotegidos a miles de ciudadanos que dependen de sus motocicletas para subsistir.

Lacen Custodio destacó que este tipo de seguro no responde de manera eficiente ante accidentes, lo cual convierte el pago obligatorio en un acto injusto y perjudicial para los más necesitados.

La CODUE ha hecho un llamado enérgico a las autoridades para revisar y corregir el sistema actual de cobro del seguro obligatorio para motocicletas.

Esta denuncia resalta una problemática social de gran impacto, ya que afecta de manera directa a sectores populares, como deliverys, mototaxis, motoristas de Uber y motoconchos, quienes después de la pandemia del COVID-19 se han visto obligados a utilizar motocicletas como su principal medio de sustento.

La CODUE insta a las autoridades competentes a revisar y corregir el sistema actual de cobro del seguro obligatorio para motocicletas, denunciando que estas resultan excesivas y carentes de una verdadera cobertura efectiva.

Además, la CODUE enfatiza que el aumento en las tarifas impacta de manera desproporcionada a los sectores más vulnerables, quienes en muchos casos dependen exclusivamente de sus motocicletas para generar ingresos diarios. Esto no solo limita su capacidad económica, sino que también puede impulsar la informalidad y el incumplimiento de la ley.

La organización también cuestiona la transparencia y el proceso mediante el cual se fijaron estas tarifas, solicitando mayor participación ciudadana y regulación para evitar que las aseguradoras impongan precios arbitrarios sin justificación clara. Insisten en que el seguro obligatorio debe ser accesible, justo y brindar una cobertura real en caso de accidentes.

Finalmente, CODUE hace un llamado urgente a las autoridades de la Superintendencia de Seguros y a los legisladores para revisar la normativa vigente, promoviendo una reforma que proteja a los motociclistas y garantice un sistema de seguros que no se convierta en una carga excesiva para quienes más lo necesitan.