Santo Domingo. — En una maratónica audiencia que se ha extendido desde las 2 de la tarde de este martes en el Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional, cinco de los diez imputados en la denominada Operación Lobo continuarán bajo arresto domiciliario, luego de llegar a un acuerdo con el Ministerio Público.
El caso, que investiga una presunta red que utilizó sobornos para manipular contratos de seguridad privada en instituciones públicas, entró hoy en su segundo día de conocimiento de la solicitud de medidas de coerción. El Ministerio Público solicitó prisión preventiva contra los diez acusados; sin embargo, cinco de ellos admitieron las imputaciones y lograron un acuerdo que les permitió sustituir la prisión preventiva por arresto domiciliario.
Entre estos cinco imputados que aceptaron el acuerdo se encuentran el empresario Kilvio Rodríguez, propietario de la empresa Servicio Nacional de Seguridad Privada (Senace), quien reconoció haber pagado sobornos por más de 108,000 pesos para amañar licitaciones y asegurar la adjudicación y vigencia de contratos en las instituciones públicas. También están el gerente de seguridad de la zona norte, Bolívar Nicolás Fernández Espinal, el coronel Andrés Pacheco Varela, el coronel Ramón Quesada Ortiz y el teniente Wellington Peralta.
Por otro lado, los cinco imputados restantes que no aceptaron las acusaciones mantienen la solicitud de prisión preventiva en su contra.
Durante la audiencia, luego de la réplica del Ministerio Público y el uso de la palabra por las defensas, se espera la contrarréplica antes de que el juez Rigoberto Sena se retire a ponderar si acoge las medidas solicitadas o impone otras menos gravosas.
El Ministerio Público enfatizó que esta operación forma parte de un esfuerzo más amplio para combatir la corrupción y la manipulación en los contratos públicos, asegurando la transparencia y la legalidad en las instituciones del Estado. Se espera que, en las próximas horas, el tribunal emita una decisión definitiva sobre las medidas de coerción para todos los imputados.
Mientras tanto, las investigaciones continúan y podrían derivar en nuevas imputaciones o cambios en las medidas cautelares. La sociedad permanece atenta a los avances de este caso que ha generado gran expectación por su impacto en la lucha contra la corrupción.
