• Colaboradores en Operación Lobo confiesan sobornos y aportan pruebas al MP

Tras tres extensas jornadas de audiencias, concluyó este miércoles el conocimiento de medidas de coerción contra los diez imputados en la Operación Lobo, un caso de presunta corrupción que involucra a miembros de los cuerpos castrenses y empresarios vinculados a empresas del Estado.

De los acusados, cinco admitieron los hechos y llegaron a acuerdos con el Ministerio Público, mientras que los otros cinco se niegan a reconocer su implicación en el entramado y enfrentan la solicitud de prisión preventiva.

Los que colaboran con el órgano persecutor son el empresario Kilvio Rodríguez; el coronel del Ejército, Andrés Pacheco Valera; el coronel de la Policía Nacional, Ramón Quesada Ortiz; el primer teniente del Ejército, Wellington Peralta; y el mayor Bolívar Nicolás Fernández, exgerente de seguridad de EDENORTE. Según informó la Procuraduría, estos imputados habrían presentado pruebas y documentación contable que sustentan los pagos de sobornos realizados durante sus gestiones.

“Cada peso que se pagó en soborno está probado ante el tribunal con documentos contables”, señaló un representante del Ministerio Público, quien además solicitó arresto domiciliario para los cinco colaboradores y prisión preventiva para los demás involucrados.

En tanto, el órgano acusador mantiene firme su petición de medida de coerción más severa contra Carlos Ambrosio Robles, exmiembro de seguridad de EDESUR; Jorby Eduardo Eufracio; Elías Camaño Pérez, exencargado de seguridad de SENASA; Francisco Guarín Fernández, encargado de seguridad del INAIPI; y Luis Ernesto Vicioso, exdirector de seguridad de EDE, quienes niegan los cargos y aseguran no tener “nada que negociar”.

“Nosotros no tenemos ningún tipo de situación, por eso no negociamos nada”, expresó uno de los abogados defensores.

El juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, dará a conocer su decisión sobre las medidas de coerción este jueves en horas de la tarde.

El caso Operación Lobo forma parte de los procesos judiciales que impulsa el Ministerio Público como parte de su ofensiva contra la corrupción administrativa en el país.