Bogotá, Colombia — En un fallo histórico y sin precedentes, una jueza colombiana declaró culpable al expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de fraude procesal y soborno a testigos en actuación penal, convirtiéndolo en el primer exmandatario en enfrentar una condena penal en la historia del país.

Uribe, de 73 años, fue absuelto por el delito de soborno simple, pero la jueza concluyó que existen pruebas suficientes para condenarlo por los otros dos cargos, tras más de 100 sesiones judiciales y 67 audiencias. Según el código penal colombiano, podría enfrentar una pena de hasta 108 meses, que se cumpliría en prisión domiciliaria.

La decisión judicial ha provocado una fuerte polarización en Colombia. Mientras simpatizantes de Uribe denunciaron una supuesta persecución política y manipulación de testigos, otros ciudadanos celebraron el fallo como un acto de justicia largamente esperado. El presidente Gustavo Petro llamó al respeto por la decisión judicial, mientras que desde EE.UU., figuras como el senador Marco Rubio expresaron preocupación por una posible politización del sistema judicial colombiano.

La defensa del expresidente tiene cinco días hábiles para apelar el fallo, que fue leído durante una audiencia maratónica de 11 horas y ha sido calificado por analistas como “el juicio del siglo” en Colombia.

Durante el juicio, la Fiscalía presentó evidencias que vinculan a Uribe con una supuesta red para manipular testigos, con el objetivo de desvirtuar acusaciones sobre sus presuntos vínculos con grupos paramilitares. Entre los elementos clave estuvieron grabaciones, testimonios de exparamilitares y declaraciones que apuntaban a un plan orquestado para desacreditar al senador Iván Cepeda, quien había señalado públicamente a Uribe.

El caso ha tenido un alto impacto político y mediático en Colombia, ya que Uribe es una figura central del uribismo y fundador del partido Centro Democrático. Aunque el expresidente ha negado rotundamente los cargos y asegura ser víctima de una retaliación política, el fallo marca un punto de inflexión en la relación entre el poder político y la justicia en el país suramericano. Ahora, todas las miradas estarán puestas en la etapa de apelación y en la posible imposición de la sentencia.