El empresario Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente Danilo Medina, rompió el silencio al calificar como un “entramado político-judicial” las acusaciones de corrupción y lavado de activos en su contra. En entrevista con la prensa, aseguró que es víctima de una persecución política y que su caso busca destruir al Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
“Yo soy un preso político”, repitió Medina, mientras el Ministerio Público solicita una condena de 20 años por supuestamente liderar una red que desvió más de 5,000 millones de pesos del Estado mediante contratos amañados y tráfico de influencias durante el pasado gobierno.
Durante la audiencia, sus abogados pidieron al tribunal declarar su inocencia, levantar las medidas de coerción y devolverle los bienes incautados por la Procuraduría. El juicio se encuentra en su etapa final y se espera que el próximo miércoles 30 de julio Medina presente su defensa formal, antes de que el tribunal del Distrito Nacional emita un veredicto.
Medina también cuestionó la imparcialidad del proceso judicial, asegurando que “no confía” en los actores procesales que llevan el caso. “Todo fue en contra del PLD”, afirmó, insinuando que su expediente, de más de 3,000 páginas, fue construido con motivaciones políticas más que legales.
El caso, que ha sido uno de los más emblemáticos en la lucha anticorrupción del actual gobierno, forma parte del expediente denominado “Operación Antipulpo”, en el que también están imputados exfuncionarios y empresarios acusados de beneficiarse de contratos públicos fraudulentos. El Ministerio Público sostiene que Alexis Medina utilizó sus vínculos con el poder para enriquecerse de manera ilícita durante la gestión de su hermano.
El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional tiene ahora en sus manos la responsabilidad de valorar las pruebas presentadas por ambas partes. Tras la defensa del acusado, se esperan la réplica del Ministerio Público y la contrarréplica de los abogados, antes de que las juezas fijen fecha para la lectura del fallo, un momento clave que podría marcar un antes y un después en los casos de corrupción de alto perfil en República Dominicana.
