Santo Domingo – El comunicador Virgilio Feliz calificó de “ridículas” y obsoletas las tarifas que actualmente se cobran para el inicio de obras en el país, citando como ejemplo los RD$6,000 que se exigen para trámites iniciales de construcción, incluso en proyectos de alto valor como los que se desarrollan en sectores exclusivos como Piantini.
Feliz resaltó que dichos montos no se corresponden con la magnitud ni las exigencias técnicas de las obras modernas, e insistió en que es necesario un reajuste justo que garantice una adecuada supervisión técnica, sin convertirse en una carga desproporcionada para los constructores.
“Es imposible que un edificio de más de 1,000 millones de pesos arranque con una tramitación de apenas seis mil pesos. Eso es absurdo. Estamos hablando de una urbe desarrollada casi sin planificación”, expresó el comunicador, quien también enfatizó que los costos por supervisión, fijados en RD$3,000 por visita técnica, “están desfasados y deben ser revisados de forma responsable”.
Feliz valoró la importancia de contar con ingenieros calificados que garanticen seguridad estructural y cumplimiento de planos, pero advirtió que los procesos deben ajustarse a la realidad del sector y al contexto actual del mercado de la construcción.
En su intervención, también abordó temas como la falta de planificación urbana en zonas como el Distrito Nacional y Santiago, donde se levantan torres en calles diseñadas para casas, generando problemas viales y de infraestructura.
El comentario de Feliz se da en medio del debate sobre la actualización de las tarifas y procesos técnicos bajo supervisión del Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (MIVED), en momentos en que el país experimenta un auge significativo en el desarrollo inmobiliario.
Feliz también se refirió al rol del Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (MIVED), señalando que debe haber un consenso entre ese organismo y el sector privado para establecer tarifas justas que garanticen la seguridad de las edificaciones sin frenar el dinamismo del sector. “No podemos cargar todo a una sola parte, ni al Estado ni al constructor. Tiene que haber un equilibrio entre el costo de supervisión y la responsabilidad técnica que demanda cada obra”, afirmó.
