Sindicatos exigen al Gobierno dominicano frenar deportaciones de embarazadas y parturientas indocumentadas.
Mujeres sindicalistas alzaron su voz este lunes para exigir al Gobierno dominicano que detenga las deportaciones de mujeres embarazadas y parturientas indocumentadas, una práctica que, según denunciaron, se ha estado realizando en hospitales públicos del país como parte de las políticas migratorias actuales. Las manifestantes consideraron inhumano y violatorio de los derechos humanos el hecho de que mujeres en condiciones vulnerables sean detenidas mientras reciben atención médica.
Durante su intervención, representantes del movimiento sindical expresaron su rechazo frontal a estas acciones, instando a las autoridades a priorizar el respeto a la dignidad humana por encima de cualquier medida migratoria. “Exigimos que se detengan las redadas y deportaciones en hospitales.
Ninguna mujer debe ser perseguida por el simple hecho de buscar asistencia médica para ella o su bebé”, expresó una de las voceras. Más detalles serán ampliados en la primera emisión de noticias RN y a través de sus plataformas digitales.
En la República Dominicana, la situación de las parturientas indocumentadas, en su mayoría de nacionalidad haitiana, ha generado un amplio debate público y social. En los hospitales públicos del país, especialmente en zonas fronterizas y grandes ciudades como Santo Domingo y Santiago, se ha registrado un aumento significativo de mujeres extranjeras en estado de embarazo que acuden a recibir atención médica.
Esta realidad ha tensado aún más el sistema de salud, con autoridades señalando que hasta un 30% o más de los partos en algunos centros corresponden a mujeres indocumentadas, lo que representa una carga adicional para el presupuesto sanitario nacional.
Frente a esto, el gobierno ha intensificado las medidas migratorias, incluyendo operativos en centros médicos, lo que ha derivado en la detención y deportación de algunas parturientas, incluso en momentos cercanos al alumbramiento. Esta práctica ha sido fuertemente cuestionada por organismos de derechos humanos y sectores de la sociedad civil, que consideran que se trata de una acción inhumana y contraria a los principios de asistencia médica universal. Las críticas apuntan a la necesidad de buscar soluciones estructurales, como acuerdos binacionales y mejoras en el sistema migratorio, sin sacrificar los derechos fundamentales de las mujeres y sus hijos.
