La periodista Altagracia Salazar cuestionó este lunes la coherencia y el compromiso del superintendente de Salud y Riesgos Laborales, Guido Gómez Mazara, respecto al plazo de 30 días otorgado a las ARS para la adecuación de los planes de servicios prepagos, conocidos como “planes complementarios”. Durante su comentario, Salazar recordó que la medida fue anunciada con fuerza, pero advirtió que “el tiempo corre” y espera que no se quede en una simple declaración para apaciguar la presión social.
Salazar subrayó que estos planes prepagos han sido utilizados por las aseguradoras como una herramienta de exclusión y de negocio, y que la falta de regulación clara ha permitido abusos en perjuicio de los usuarios del sistema de salud. “Hay gente que no entiende por qué debe pagar un seguro complementario que no cubre lo esencial y que encima te limita por edad, historial médico o por capricho de una ARS”, sostuvo.
En ese contexto, la periodista exigió que el superintendente actúe con la misma firmeza con la que hizo el anuncio. “Espero que Guido Gómez Mazara sea constante y cumpla su palabra. No se trata de quedar bien en la prensa por un día, se trata de enfrentar un sistema perverso que lucra con la salud”, afirmó.
Además, advirtió que los grupos de poder vinculados a las ARS podrían presionar para dilatar el proceso de adecuación o para modificar el alcance de la resolución emitida. “Sabemos cómo se manejan las cosas en este país. Los intereses empresariales no se quedan quietos cuando se les toca el bolsillo”, denunció Salazar, al tiempo que instó a la sociedad civil a mantenerse vigilante.
La comunicadora también resaltó que este tipo de cambios no deben limitarse a promesas sin mecanismos de control, sino que deben traducirse en acciones concretas que protejan al afiliado. “La salud no puede seguir siendo un lujo para los que pueden pagar un plan premium”, expresó.
Finalmente, Salazar reiteró su llamado a la transparencia en el proceso de revisión de los planes prepagos, y demandó que el Ministerio de Salud Pública y la SISALRIL publiquen los avances y las medidas correctivas tomadas dentro del plazo prometido. “No más excusas. Es hora de cambiar el sistema y de cumplir con lo prometido”, concluyó.
