El Salvador cumple un año desde el inicio del segundo mandato presidencial de Nayib Bukele, en medio de un clima polarizado por sus medidas de seguridad y el uso prolongado del régimen de excepción. Si bien el logro más destacado ha sido la drástica reducción de los niveles de criminalidad calificada por sus defensores como histórica, las voces críticas no han cesado.
Desde marzo de 2022, bajo el régimen de excepción, el gobierno ha detenido a más de 85,000 presuntos pandilleros. Este marco legal ha sido celebrado por sectores que exigen mano dura contra las maras, y el propio Bukele ha defendido que esta medida debe mantenerse “hasta que caiga el último pandillero”. Las cifras oficiales reflejan una notable baja en homicidios y extorsiones, lo que ha generado un fuerte respaldo ciudadano.
Sin embargo, organismos de derechos humanos y opositores denuncian que el régimen ha derivado en abusos sistemáticos, detenciones arbitrarias y persecución de activistas. Acusan al gobierno de usar el aparato de seguridad para silenciar voces disidentes y restringir garantías constitucionales. ONG como Cristosal y Amnistía Internacional han documentado casos de tortura, desapariciones forzadas y un deterioro del Estado de derecho.
A un año de su segundo mandato, Bukele continúa dividiendo opiniones: para muchos, es un líder firme que ha devuelto la paz a las calles; para otros, un presidente autoritario que erosiona la democracia bajo el argumento de la seguridad.
En el plano político, el control absoluto que ejerce Bukele sobre los tres poderes del Estado ha generado preocupación dentro y fuera del país. Desde la destitución de magistrados de la Corte Suprema hasta el nombramiento de una Asamblea Legislativa afín, críticos afirman que el mandatario ha eliminado los contrapesos institucionales necesarios en toda democracia. Además, los cambios constitucionales y legales aprobados por sus aliados legislativos refuerzan una concentración de poder que para algunos roza con el autoritarismo.
A pesar de las críticas, el respaldo popular a Bukele se mantiene alto. Encuestas recientes reflejan niveles de aprobación que superan el 80 %, lo que evidencia una población mayoritariamente satisfecha con los resultados en materia de seguridad, aunque cada vez más preocupada por la situación económica y la falta de libertades. El segundo año de su gobierno se proyecta como una etapa clave para definir si El Salvador sigue en la ruta del control férreo o avanza hacia una normalización democrática con respeto a los derechos fundamentales.
