El presidente de Colombia, Gustavo Petro, criticó este martes a la cuestionada fiscalía de Guatemala, responsable de una investigación que derivó en órdenes de captura contra su exministro de Defensa Iván Velázquez y la fiscal general Luz Adriana Camargo, por supuestos vínculos con casos de corrupción.
Ambos son acusados por un tribunal guatemalteco de asociación ilícita, obstrucción a la justicia, tráfico de influencias y colusión para favorecer a la constructora Odebrecht. Los dos formaron parte de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un organismo auspiciado por la ONU que operó entre 2013 y 2019.
En la red social X, Petro afirmó que “la Fiscalía guatemalteca es ejemplo del deterioro institucional en América Latina”, al compararla con otras fiscalías de la región que, según él, están alineadas con intereses criminales. Estas declaraciones han generado reacciones divididas en el escenario político latinoamericano.
La Cancillería de Colombia advirtió que estas acciones judiciales pueden sentar un precedente negativo para la cooperación internacional en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Además, recalcó que los acusados gozaban de inmunidad diplomática por su labor en una misión oficial de Naciones Unidas.
Velázquez, quien está próximo a asumir como embajador ante el Vaticano, calificó la acusación como un acto de persecución política. Estas órdenes se suman a otras emitidas contra exfuncionarios de la CICIG y fiscales guatemaltecos que investigaron a la actual fiscal general Consuelo Porras, sancionada por EE.UU. y la Unión Europea por presuntos actos de corrupción.
Organismos internacionales y defensores de derechos humanos han expresado preocupación por el uso del aparato judicial guatemalteco para intimidar a operadores de justicia independientes. Varias voces han señalado que estos procesos judiciales buscan desmontar los avances logrados en la lucha contra redes de corrupción transnacional.
En tanto, el gobierno colombiano ha reiterado su respaldo a los exfuncionarios y su compromiso con la defensa de los derechos humanos, el multilateralismo y la independencia judicial. La tensión diplomática entre ambos países podría escalar si las órdenes de captura no son retiradas o si se insiste en llevar el caso a instancias internacionales.
