El gobierno de Guatemala inauguró un nuevo Centro de Atención y Registro para Migrantes Retornados, con el objetivo de brindar apoyo integral a los ciudadanos deportados desde Estados Unidos. Este espacio, enmarcado dentro del plan Retorno Seguro al Hogar, ofrece asistencia emocional, atención en salud, asesoría legal y capacitación técnica, así como oportunidades inmediatas de inserción laboral.
La iniciativa de Guatemala, busca facilitar la reintegración de los migrantes a la vida productiva del país y evitar que vuelvan a arriesgar sus vidas intentando cruzar nuevamente hacia el norte.
Durante la inauguración, la vicepresidenta Karina Herrera expresó que el gobierno de Guatemala, trabaja en conjunto con el sector privado para combatir las causas estructurales de la migración, como la pobreza y la falta de empleo. Más de 16,000 guatemaltecos han sido deportados en lo que va del año, muchos visiblemente afectados tras no lograr alcanzar el “sueño americano”.
Algunos, como Sebastián Ramírez, expresaron su gratitud por la ayuda recibida, aunque mantienen la esperanza de reencontrarse pronto con sus familias que aún residen en EE. UU. Las autoridades insisten en que el nuevo centro representa una oportunidad real para construir un futuro dentro del país.
Las redadas masivas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) son operativos a gran escala realizados por el gobierno de Estados Unidos con el objetivo de localizar, detener y deportar a inmigrantes indocumentados. Estas acciones suelen centrarse en ciudades con altas concentraciones de población migrante, especialmente aquellas que han adoptado políticas de protección conocidas como “ciudades santuario”, donde las autoridades locales limitan su cooperación con las agencias federales de inmigración.
Estos operativos han sido ampliamente criticados por organizaciones de derechos humanos y sectores de la sociedad civil, que los consideran una amenaza a las libertades civiles y al bienestar de comunidades enteras. Las redadas a menudo generan miedo generalizado entre los inmigrantes, incluidos aquellos con estatus migratorio legal, y han tenido repercusiones sociales y económicas en sectores clave como la agricultura, la hostelería y la construcción, donde muchos trabajadores son de origen extranjero. A pesar de la controversia, administraciones como la de Donald Trump han defendido su implementación como una medida necesaria para reforzar la seguridad nacional y aplicar las leyes migratorias del país.
