San Juan, Puerto Rico.– El exgobernador puertorriqueño Alejandro García Padilla arremetió con dureza contra la administración de Jenniffer González, a la que acusó de “traicionar” a las comunidades inmigrantes, especialmente la dominicana, por acciones que considera contrarias al espíritu humanitario de leyes vigentes.
García Padilla criticó la entrega, por parte del gobierno de González, de una lista a autoridades federales vinculada a una ley que él mismo promulgó en 2013, la cual permitía a inmigrantes —sin importar su estatus migratorio— obtener licencias de conducir provinciales. El exmandatario denunció que esta medida pone en riesgo a personas vulnerables que confiaron en la protección de esa legislación.
“La ley fue creada para proteger vidas, para ayudar a personas trabajadoras que no tienen otra forma de movilizarse. Usar esa información para persecuciones es un acto de crueldad”, sostuvo el exgobernador, quien además calificó a los funcionarios actuales como “genuinamente malos”.
La controversia se intensificó tras una redada migratoria ocurrida en enero, donde varios inmigrantes, en su mayoría dominicanos, resultaron detenidos. Aunque Jenniffer González expresó su “preocupación” por los afectados, García Padilla consideró sus declaraciones como contradictorias, dado que la propia gestión habría facilitado la entrega de datos que condujeron a dichas detenciones.
Organizaciones defensoras de derechos de los inmigrantes también han condenado la acción del gobierno actual, acusando a González de “hipocresía” por mostrarse empática públicamente mientras respalda políticas que exponen a la comunidad migrante. Líderes dominicanos en la isla han solicitado explicaciones formales y mayor transparencia respecto al uso de datos personales entregados al Estado bajo la promesa de protección.
Diversas voces del ámbito político y social han comenzado a pronunciarse sobre el tema, señalando que el uso de información confidencial para fines de deportación puede erosionar la confianza entre las comunidades inmigrantes y el gobierno. “Es una traición a la buena fe de miles de personas que acudieron a las autoridades buscando seguridad y terminaron expuestas”, afirmó una portavoz del Centro de Apoyo al Inmigrante en San Juan.
Mientras tanto, el equipo de comunicación de Jenniffer González no ha ofrecido declaraciones oficiales respecto a la acusación directa de García Padilla. Sin embargo, fuentes cercanas a su administración han defendido la actuación del gobierno, señalando que la colaboración con las autoridades federales se da dentro del marco de la ley. A pesar de ello, el tema ha generado un fuerte debate público y podría tener repercusiones políticas entre los votantes puertorriqueños de origen dominicano.
