El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una demanda contra el estado de Texas por una nueva ley que elimina el acceso a matrículas reducidas para estudiantes sin estatus migratorio legal en universidades estatales. La medida, que revoca una política vigente desde 2001, fue celebrada por el gobernador Greg Abbott, quien afirmó en redes sociales que “se acabó la matrícula estatal para inmigrantes en Texas”.
Sin embargo, la ley ha generado una fuerte reacción entre organizaciones civiles y sectores educativos, que consideran la medida un retroceso y una amenaza directa al futuro económico del estado. Diversos colectivos señalaron que esta decisión no solo afecta a los estudiantes directamente, sino que representa un golpe a la fuerza laboral de Texas a largo plazo.
“Esto perjudica al estado en general. Estamos limitando el desarrollo de jóvenes que podrían contribuir enormemente al país, tanto con su trabajo como con su talento”, declaró uno de los voceros de organizaciones defensoras de inmigrantes.
Texas fue el primer estado en 2001 en aprobar una legislación que permitía a estudiantes indocumentados conocidos como dreamers acceder a la matrícula estatal, un modelo que luego fue replicado por 24 estados del país. La nueva ley y la demanda federal abren un nuevo capítulo en el debate nacional sobre educación, inmigración y derechos civiles en EE. UU.
La demanda del Departamento de Justicia argumenta que la nueva ley texana entra en conflicto con la Constitución de Estados Unidos y viola el principio de igualdad de protección bajo la ley. Según el gobierno federal, negar acceso a matrículas reducidas por motivos de estatus migratorio es discriminatorio y contradice el precedente legal establecido en otros estados donde estas políticas han sido defendidas en tribunales.
Por su parte, líderes educativos y rectores universitarios en Texas han manifestado su preocupación por el impacto negativo que esta legislación tendrá en la matrícula estudiantil y en la diversidad académica. Advierten que muchos estudiantes afectados podrían verse obligados a abandonar sus estudios por razones económicas, lo que derivaría en una disminución del capital humano calificado en el estado.
A pesar de la presión política y legal, el gobernador Abbott ha reiterado su apoyo a la medida como parte de su política migratoria más estricta. Sin embargo, defensores de los inmigrantes advierten que esta decisión responde más a una agenda ideológica que a una evaluación real de los beneficios económicos y sociales que representa la inclusión educativa de los dreamers en la estructura universitaria estatal.
