Ciudad de México, 17 de junio de 2025Consuelo Despradel encendió las alarmas este lunes al revelar una impactante cifra: 182 homicidios y un secuestro ocurrieron en solo 24 horas en distintas regiones de México. Esta escalada violenta, que se suma a una tendencia preocupante de los últimos meses, ha generado consternación tanto en la opinión pública como entre sectores gubernamentales.

Una cifra que debería encender todas las alarmas”, expresó Despradel durante su intervención, subrayando que este repunte refleja no solo la violencia persistente, sino también la fragilidad de las instituciones frente al crimen organizado. La situación ha vuelto a poner en evidencia la urgencia de una estrategia nacional de seguridad más efectiva y coordinada.

Según los datos extraoficiales mencionados en el segmento, estados como Guanajuato, Jalisco, Sinaloa y el Estado de México concentran la mayor parte de los asesinatos, producto de enfrentamientos entre cárteles rivales, ajustes de cuentas y acciones directas contra civiles. Estas regiones se han mantenido como focos rojos en los últimos años, con niveles de impunidad elevados y escasa presencia de fuerzas federales en zonas rurales.

La cifra también incluye al menos un caso confirmado de secuestro, lo que acentúa la percepción de vulnerabilidad entre los ciudadanos. Diversos colectivos de derechos humanos, asociaciones civiles y académicos han instado al gobierno mexicano a tomar medidas urgentes que incluyan el fortalecimiento de las fiscalías estatales, la depuración de cuerpos policiales y una política integral de prevención del delito.

Hasta el momento, el Gobierno Federal no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre estas cifras, lo que ha generado aún más preocupación entre la población. Mientras tanto, el país continúa enfrentando una de las peores crisis de violencia en las últimas décadas, con un panorama que, de no cambiar, amenaza con agravarse en los próximos meses.

Ante esta alarmante situación, líderes de la sociedad civil y representantes de organismos internacionales han comenzado a presionar al Estado mexicano para que declare una emergencia nacional en materia de seguridad. Advierten que si no se refuerzan los controles institucionales, la violencia podría rebasar por completo la capacidad de respuesta del gobierno. Además, organizaciones de víctimas exigen justicia y acciones inmediatas, señalando que estas cifras no son solo estadísticas, sino vidas humanas arrebatadas cada día por la impunidad y el abandono estatal.