Montecristi, RD. — El Tribunal Colegiado de Montecristi dictó sentencias de entre 5 y 15 años de prisión a varios miembros de una red dedicada al tráfico ilícito de migrantes haitianos, entre ellos militares activos del Ejército de la República Dominicana (ERD), una mujer haitiana y varios civiles.
Los militares condenados a la máxima pena de 15 años son Rafael Zabala Peña, Javier José Dolores Hernández Merejildo, Julio César Pujols Montero y Rafael Contreras Arno. Según el fallo, estos uniformados aprovecharon su posición para facilitar, mediante dolo y omisión, el cruce ilegal de ciudadanos haitianos a territorio dominicano a través de la frontera norte que conecta las provincias de Dajabón y Montecristi.
Entre los civiles condenados, que fungían como cabecillas de la red, figuran Eddy Rafael Cordero Villanueva, alias Nelson, y Osiris Rafael Estévez Fortuna, quienes recibieron penas de 10 años por su papel protagónico en la organización del tráfico de migrantes.
La procuradora de corte Yoanna Bejarán Álvarez, titular de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), destacó que la falta de arrepentimiento y la participación activa de los imputados fueron factores clave en la decisión del tribunal. Bejarán calificó el fallo como “una decisión histórica en el Caso Frontera” y un avance significativo en la lucha contra las redes criminales que operan en las zonas fronterizas.
La procuradora añadió que esta sentencia representa un paso firme en defensa de la soberanía nacional y la institucionalidad del país.
El tráfico ilegal de haitianos hacia República Dominicana es un problema recurrente que afecta tanto la seguridad fronteriza como la integridad de los migrantes. Esta actividad ilícita es facilitada por redes criminales que operan en las zonas fronterizas, aprovechándose de la vulnerabilidad de las personas que buscan mejores condiciones de vida. Estas redes, en ocasiones con la complicidad de funcionarios o militares, organizan y coordinan el paso clandestino de migrantes, exponiéndolos a riesgos significativos como la explotación, el abuso y la inseguridad.
El Estado dominicano ha intensificado sus esfuerzos para combatir este delito, reforzando los controles migratorios y judicializando a los responsables que facilitan o participan en estas operaciones ilegales. La lucha contra el tráfico ilícito de personas es clave para proteger la soberanía nacional y garantizar el respeto a los derechos humanos de todos los individuos, tanto dominicanos como extranjeros. Sin embargo, la complejidad del fenómeno requiere también una coordinación regional y un enfoque integral que atienda las causas migratorias y fortalezca la cooperación entre ambos países.
