La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) recomendó a la Contraloría General de la República retener los pagos correspondientes a unos 150 contratos adjudicados por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), debido a presuntas irregularidades detectadas en tres licitaciones para la compra de utilería escolar.
Según un informe remitido por la DGCP el pasado 15 de mayo, entre los hallazgos preliminares figuran posibles conductas anticompetitivas, como complicidad entre oferentes, conflictos de interés y discrepancias en los domicilios registrados por algunas de las empresas adjudicatarias. También se identificaron adjudicaciones a suplidores que no contaban con el rubro habilitado en el Registro de Proveedores del Estado (RPE).
Ante estos indicios, la DGCP solicitó formalmente a la Contraloría no registrar ni aprobar pagos vinculados a los contratos en cuestión hasta que se concluyan las investigaciones correspondientes. La medida busca evitar que se comprometan fondos públicos mientras persisten dudas sobre la legalidad y transparencia de los procesos de adjudicación.
La investigación se centra en tres procesos de licitación realizados por el INABIE para la adquisición de mochilas, cuadernos y otros materiales escolares destinados a estudiantes del sistema público. Contrataciones Públicas detectó patrones sospechosos en la documentación presentada por algunos oferentes, incluyendo coincidencias en direcciones, teléfonos y representantes legales, lo que podría indicar colusión o simulación de competencia.
Otro de los elementos señalados es que varios de los proveedores beneficiados no tenían registrado en su RPE el rubro de utilería escolar, requisito indispensable para participar en ese tipo de licitación. Esto pone en duda la validez de las adjudicaciones y la debida diligencia del comité de compras del INABIE al momento de evaluar las ofertas.
La DGCP informó que mantiene abierta la investigación y que notificará a las instituciones correspondientes si se confirman violaciones a la Ley de Compras y Contrataciones. Mientras tanto, los pagos a esos suplidores permanecerán detenidos, lo que podría retrasar la distribución de útiles escolares a miles de estudiantes en el inicio del próximo año escolar.
