Adriana Smith, enfermera de 31 años en Atlanta, Georgia, fue declarada con muerte cerebral en febrero, cuando estaba embarazada de nueve semanas a causa de un coágulo cerebral, Debido a la férrea legislación antiaborto estatal, conocida como LIFE Act o “ley de latido”, que prohíbe abortos tras detectarse actividad cardíaca fetal (aproximadamente a las seis semanas), los médicos mantuvieron su cuerpo con soporte vital para permitir el desarrollo del feto.
El 13 de junio, Adriana dio a luz mediante cesárea de emergencia a un niño prematuro llamado Chance, con un peso de 1 lb 13 oz (aproximadamente 850 g), quien está ingresado en la unidad de cuidados intensivos neonatales y que, según los médicos, “está luchando y se espera que sobreviva”, Poco después, la familia confirmó que desconectarán a Adriana del soporte vital el próximo martes, en lo que sería una despedida conmovedora coincidiendo con lo que habría sido su cumpleaños número 31 .
La dura experiencia ha desatado intensos debates éticos y legales. La madre de la fallecida, April Newkirk, declaró que “esto fue un tormento”, pues la familia no pudo decidir sobre el fin del soporte vital, Grupos de derechos reproductivos advierten que la interpretación de la ley de “personhood fetal” ha colocado los derechos del feto por encima de los de la madre, privando a las familias de su autonomía médica.
Aunque el fiscal general de Georgia señala que la LIFE Act no obliga a mantener con vida a mujeres con muerte cerebral, argumentando que retirar el soporte no constituye un aborto, otros legisladores conservadores apoyan la decisión hospitalaria, sosteniendo que se trató de una oportunidad para salvar una vida inocente.
El caso ha impulsado propuestas legislativas, como la resolución presentada por la congresista Nikema Williams, para garantizar que las decisiones médicas recaigan en las familias y preservar los derechos reproductivos y éticos, especialmente en mujeres negras, que enfrentan disparidades sistémicas en el cuidado sanitario.