Acusado de masacre en Dajabón denuncia torturas por parte de la Policía para que se autoincrimine.

Dajabón, R.D. – José Miguel de la Rosa, el joven acusado de participar en la masacre de cinco personas en un presunto punto de drogas en Loma de Cabrera, denunció que ha sido víctima de torturas físicas y psicológicas por parte de agentes policiales, con el objetivo de obligarlo a admitir su culpabilidad y señalar a otros supuestos involucrados en el crimen.

El caso, que estremeció la región fronteriza, se agravó tras las denuncias del imputado, quien se entregó voluntariamente a través del programa Enfoque CDN, conducido por el periodista Dangero.

“Yo soy inocente, todo el mundo lo sabe”, declaró De la Rosa en un video difundido por sus abogados, en el que acusa a agentes de la Policía de golpearlo y trasladarlo sin orden judicial desde Dajabón hasta Santiago Rodríguez. “Me sacaron de noche como si estuviera secuestrado, me golpearon para que diga que soy culpable, pero no lo soy”, expresó visiblemente afectado.

Su abogado aseguró que ni siquiera puede comer por miedo a ser envenenado y que teme por su vida dentro del destacamento policial.

La madre del joven también se pronunció, denunciando entre lágrimas el trato inhumano que su hijo estaría recibiendo en manos de las autoridades. “Lo tienen como si fuera un animal. ¿Por qué no buscan a los verdaderos culpables? Todo el mundo sabe quiénes son”, dijo.

La familia y su defensa insisten en que el joven no residía en la zona desde hace casi cinco años y que su entrega voluntaria es prueba de su inocencia.

La denuncia de torturas ha despertado alarma entre defensores de derechos humanos y abogados penalistas, quienes piden que se realice una investigación independiente sobre las condiciones de detención de De la Rosa. “No se puede permitir que se vulnere el derecho a la integridad física ni el principio de presunción de inocencia”, declaró un representante del movimiento Justicia y Dignidad.

Hasta el momento, la Policía Nacional no ha ofrecido una respuesta formal a las acusaciones, mientras el caso sigue bajo investigación del Ministerio Público.

Organizaciones sociales y comunitarias exigen transparencia en el proceso y que se respeten los derechos fundamentales del imputado, independientemente de la gravedad de los hechos que se le atribuyen.