Abogado del comunicador Ángel Martínez alega uso del caso como escarmiento judicial.
Santo Domingo.- El abogado Carlos Mesa, representante legal del comunicador Ángel Martínez, calificó como innecesaria la medida de coerción impuesta por la Oficina de Atención Permanente de Santiago contra su defendido, acusado de extorsión, difamación e injuria.
Según Mesa, el proceso judicial busca convertir a Martínez en un “caso ejemplar” para justificar una supuesta intención de restringir la libertad de expresión en el país mediante una nueva legislación.
“El pueblo ya se ha dado cuenta de que se quiere usar a Ángel Martínez como excusa para empujar una ley mordaza. Pero eso no es necesario, porque ya existen normativas como la Ley 6132 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento y la Ley 5307, que regulan adecuadamente el uso de los medios electrónicos”, sostuvo el abogado.
Asimismo, Mesa denunció que el caso de su cliente es parte de una estrategia para encubrir otros procesos que han sido silenciados. Martínez enfrenta querellas de figuras públicas como el empresario Arnulfo Gutiérrez, el exministro Roberto Fulcar, la ministra Pariris Raful, la exministra Milagros De Camps, y los diputados Gregorio Domínguez y Sergio Moya.
Ángel Martínez es un comunicador y autoproclamado detective privado, con presencia destacada en redes sociales y plataformas digitales, donde ha ganado notoriedad por sus denuncias sobre corrupción, crimen organizado y presuntas irregularidades en el sector público. Su estilo directo y sin filtros le ha granjeado una amplia audiencia, especialmente entre la comunidad dominicana tanto en el país como en el exterior, aunque también ha generado escepticismo y críticas respecto a la veracidad de algunas de sus afirmaciones.
Su enfoque investigativo se sustenta en denuncias públicas que, según él, forman parte de una cruzada por mayor transparencia y responsabilidad. En contraste, diversos sectores lo acusan de difamación e injuria, advirtiendo que sus declaraciones podrían carecer de pruebas suficientes y atentar contra el honor y reputación de las personas involucradas.
Actualmente, Martínez se encuentra detenido debido a múltiples órdenes de arresto emitidas en su contra por la Justicia dominicana. Se le acusa de difamación e injuria al haberse negado a acudir en reiteradas ocasiones a comparecer ante tribunales que lo citaron por querellas presentadas por figuras como el abogado y dirigente político Guido Gómez Mazara y el diputado Sergio Moya. El Ministerio Público incluso solicitó una orden internacional de captura a través de Interpol, tras declararlo en rebeldía por incumplimiento de citaciones judiciales en casos que involucran la presunta violación de la Ley de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y la Ley de Expresión y Difusión del Pensamiento.
