Mao, Valverde – Lo que debía ser un trámite ordinario para optar por un empleo terminó en un giro inesperado para un hombre identificado como Alberto José Martínez Pérez, quien fue arrestado este jueves en la Fiscalía de Mao, provincia Valverde, tras descubrirse que tenía una orden de arresto pendiente por violencia de género. El hombre se presentó voluntariamente con la intención de solicitar una carta de buena conducta, documento exigido por una entidad bancaria como parte de su proceso de contratación laboral.
Martínez Pérez expresó profunda indignación al conocer la existencia de dicha orden, asegurando que nunca fue notificado legalmente y que desde hace más de cinco años no mantiene ningún tipo de relación con la mujer que habría interpuesto la denuncia. “Vine inocentemente a buscar una carta de buena conducta que me están pidiendo en el banco y me encuentro con esto. Nunca he agredido a esa mujer, tengo más de cinco años separado de ella, cada quien hizo su vida”, relató el hombre, ante medios locales. También indicó que en el pasado enfrentó una demanda por manutención que ya fue resuelta, y que actualmente vive con su hijo y su nueva pareja.
El caso ha levantado inquietudes entre abogados y ciudadanos sobre los mecanismos de notificación judicial en el país, ya que el Martínez asegura haber residido por más de cuatro años en el mismo sector sin haber sido requerido por la justicia ni informado de proceso alguno en su contra. Por el momento, las autoridades no han ofrecido detalles sobre la fecha ni el contenido específico de la denuncia que motivó la orden de arresto. Fue trasladado a la dotación policial correspondiente mientras se esclarece su situación legal.
Violencia de género
La violencia de género en República Dominicana se refiere a cualquier acto de violencia física, sexual, psicológica o patrimonial ejercido contra una persona, principalmente mujeres, por razones de su género. Esta violencia suele originarse en relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres y se manifiesta tanto en el ámbito privado como en el público. Incluye agresiones dentro del hogar, acoso callejero, abuso sexual, feminicidios y violencia económica o emocional. En el país, el marco legal que regula estos actos está principalmente contenido en la Ley 24-97, que modifica el Código Penal para tipificar y sancionar diversas formas de violencia intrafamiliar y de género.
A pesar de los avances legislativos y de las campañas de concienciación, la violencia de género sigue siendo un problema grave en la República Dominicana. El país figura entre los de más alta tasa de feminicidios en América Latina, y muchas víctimas no denuncian por miedo, dependencia económica o desconfianza en el sistema de justicia. Las autoridades, en colaboración con organizaciones civiles y organismos internacionales, han implementado programas de prevención, casas de acogida y unidades especializadas en atención a víctimas, pero persisten los desafíos en la aplicación efectiva de la ley y en la transformación cultural que permita erradicar el machismo estructural.
