El comunicador Ricardo Nieves denunció este lunes la existencia de una poderosa red mafiosa dedicada a la apropiación ilegal de tierras mediante la falsificación de documentos y títulos en la paradisíaca zona de Punta Rucia, en la provincia Puerto Plata. Según reveló, en esta estructura delictiva estarían implicados empleados y funcionarios de la Jurisdicción Inmobiliaria, legisladores y otras figuras públicas.
“Lo que está ocurriendo en Punta Rucia es una barbarie”, afirmó Nieves, mientras presentaba documentos de la Procuraduría General de la República, del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) y del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), los cuales demostrarían que “todos los títulos y deslindes realizados en Punta Rucia y la playa La Ensenada provienen de un fraude”. Comparó la magnitud del escándalo con el histórico caso de Bahía de las Águilas, señalando que “el de Punta Rucia es aún mayor”.
La denuncia respalda la labor del abogado Amadeo Peralta, quien representa a la familia López Wester, propietaria legal de vastos terrenos en esa zona costera de alto valor ecológico y turístico. Según Nieves, esta familia dominico-alemana ha sido víctima de un intento de despojo mediante títulos falsificados, suplantación de identidad y complicidad de actores públicos, lo que describió como una “gran estafa inmobiliaria”.
Peralta, quien ha recibido amenazas y múltiples presiones por su participación en el proceso judicial, advirtió que estas acciones ilegales afectan gravemente la seguridad jurídica del país y el clima de inversión en la región. “Han llegado al extremo de falsificar una sentencia del Tribunal de Tierras de la capital para presentar falsos herederos de Carlos López Wester, con el único fin de apropiarse de una propiedad ajena”, denunció el abogado.
Asimismo, reveló que miembros de la red mafiosa han intentado sobornarlo en al menos 64 ocasiones con la intención de que se una a su esquema fraudulento. “Siempre he rechazado reunirme con ladrones y falsificadores”, subrayó.
El caso ha generado alarma entre sectores ambientalistas, inversionistas y residentes locales, mientras el proceso judicial sigue en curso. La familia López Wester busca la recuperación de sus derechos legítimos sobre los terrenos, mientras la ciudadanía exige justicia, transparencia y que se sancione con todo el peso de la ley a los responsables de este escándalo.
