En lo que va del año 2025, la República Dominicana ha registrado 29 feminicidios, de los cuales 19 fueron cometidos por parejas o exparejas, mientras que los otros 10 no se clasifican como feminicidios íntimos. Así lo reveló un informe reciente del Ministerio Público, que muestra una preocupante escalada de violencia contra la mujer desde enero, con un repunte alarmante durante febrero y marzo.
Según archivos policiales, al menos 12 mujeres han perdido la vida en hechos violentos ocurridos en localidades como Villa Mella, La Vega, Santiago, San Francisco de Macorís, Puerto Plata y Valverde, provocando indignación y alarma en la sociedad. Estos datos de los 29 feminicidios, se suman a los 65 feminicidios registrados en 2023 y los 63 del 2024, lo que confirma una tendencia sostenida que continúa cobrándose vidas pese a los esfuerzos institucionales.
En la República Dominicana, el feminicidio se define como el asesinato de una mujer a manos de su pareja o expareja sentimental, motivado por razones de género. Este tipo de crimen representa la forma más extrema de violencia contra la mujer y refleja patrones de control, posesividad, celos y desigualdad profundamente arraigados en la sociedad. La legislación dominicana contempla el feminicidio como una figura penal diferenciada del homicidio, reconociendo su gravedad y el contexto específico en el que ocurre.
Existen dos tipos de feminicidio reconocidos en el país: el íntimo, que ocurre cuando el agresor tiene o tuvo una relación de pareja con la víctima, y el no íntimo, que abarca asesinatos cometidos por terceros motivados por odio, menosprecio o discriminación hacia las mujeres. Ambos casos comparten una raíz común: la violencia estructural basada en el género. A menudo, las víctimas sufren una larga cadena de abusos psicológicos, físicos o sexuales antes de ser asesinadas.
A pesar de los esfuerzos del Estado por implementar políticas públicas para prevenir la violencia de género, como la creación de unidades especializadas y líneas de ayuda, los feminicidios siguen siendo un grave problema en la República Dominicana. La falta de acceso efectivo a la justicia, la debilidad en la protección a las víctimas y la persistencia de una cultura machista dificultan los avances en la erradicación de esta forma de violencia. La concienciación social y la voluntad política continúan siendo factores claves para revertir esta alarmante realidad.
