La Corte de Apelación del Distrito Nacional rechazó este lunes la recusación presentada por el Ministerio Público contra la magistrada Patricia Padilla, del Segundo Juzgado de la Instrucción, quien ha sido señalada por presunta parcialidad a favor de los imputados Hugo Veras y Joel “Jochi” Gómez, acusados de corrupción administrativa en perjuicio del Estado dominicano.
La Procuraduría Especializada de Persecución contra la Corrupción Administrativa (PEPCA) había solicitado apartar a la magistrada del conocimiento del caso luego de que esta autorizara al imputado Jochi Gómez a salir del país para viajar a destinos como Disney World, Panamá y otros, pese a tener vigente una medida de coerción que le prohíbe abandonar el territorio nacional. La jueza también ordenó la devolución de armas de fuego vinculadas a Gómez, aunque registradas a nombre de terceros, lo que intensificó las críticas por supuesta indulgencia judicial.
Tras la decisión de la Corte, la jueza Padilla continuará apoderada del caso en la fase preliminar, donde se determinará si los implicados serán enviados a juicio por la presunta estafa de 1,317 millones de pesos al Estado mediante un contrato para la modernización del sistema de semáforos del Gran Santo Domingo. El Ministerio Público ha calificado este proceso como emblemático en la lucha contra la corrupción, mientras persiste la polémica por el tratamiento judicial otorgado a los imputados.
José Ángel Gómez Canaán, conocido como Jochi Gómez, es un empresario dominicano vinculado a la empresa Transcore Latam, la cual fue adjudicataria de un contrato de RD$1,317 millones con el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) para modernizar el sistema de semáforos del Gran Santo Domingo. Según investigaciones del Ministerio Público, Gómez habría usurpado la identidad del ciudadano alemán Jörg Brinkmeyer para crear fraudulentamente Transcore Latam S.R.L. y beneficiarse del dinero del Estado en la adjudicación del contrato.
Además, Gómez ha enfrentado acusaciones previas por delitos informáticos. En 2012, fue investigado por presuntamente hackear 44 correos electrónicos de empresarios y funcionarios del gobierno, incluyendo a Margarita Cedeño y Juan Temístocles Montás. En 2019, fue acusado por el expresidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, de haber perpetrado un fraude a los equipos del voto automatizado utilizados en las elecciones primarias del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
