Gaspar Hernández. — La comunidad de Gaspar Hernández, en la provincia Espaillat, vive momentos de profunda tristeza e indignación tras la trágica muerte de Alfredo Hernández Tavares, un niño de apenas 9 años que perdió la vida calcinada durante un incendio que consumió por completo su vivienda en la mañana de este sábado.
Sin embargo, lo que ha causado aún mayor dolor entre los familiares y residentes del sector es que, varias horas después del siniestro, el cuerpo del menor seguía sin ser levantado debido a que en Gaspar Hernández no hay un médico legista asignado de manera permanente. La dramática escena ha encendido los ánimos en la comunidad, donde se exige respeto y acción urgente de parte de las autoridades.
“Es inhumano que un cuerpo permanezca ahí tirado durante tantas horas simplemente porque no hay un legista. ¿Cuántas veces más tiene que repetirse esta situación?”, expresó con frustración una residente de la zona.
Los vecinos describieron al pequeño Alfredo como un niño alegre, inquieto y muy querido, cuya repentina partida ha dejado un profundo vacío en el corazón de quienes lo conocieron. Relataron que, al momento del incendio, la familia intentó desesperadamente rescatarlo, pero las llamas lo atraparon en una de las habitaciones antes de que pudieran alcanzarlo.
Las causas del fuego aún están bajo investigación, mientras familiares y comunitarios realizaron un llamado urgente a la Procuraduría General de la República para que se asigne de forma permanente un médico legista en la zona, a fin de evitar que tragedias como esta se agraven por la ausencia de atención institucional oportuna.
El caso de Alfredo Hernández Tavares ha vuelto a poner sobre la mesa la precariedad en la cobertura de servicios forenses en comunidades alejadas del país, y la necesidad de que el Estado garantice una respuesta digna ante situaciones de muerte trágica, especialmente cuando se trata de menores de edad.
Para evitar que situaciones tan dolorosas como la ocurrida en Gaspar Hernández se repitan, es urgente que el Estado, a través de la Procuraduría General de la República, disponga la designación permanente de médicos legistas en todas las provincias y municipios del país, especialmente en zonas rurales o de difícil acceso, donde la falta de estos profesionales retrasa los procedimientos legales y profundiza el sufrimiento de las familias. Además, se recomienda establecer un protocolo de emergencia que permita la movilización inmediata de personal forense desde zonas cercanas, garantizando así una respuesta oportuna, digna y humana ante casos de muertes trágicas.
