Texas, EE.UU. — Un juez federal nombrado por el expresidente Donald Trump emitió este jueves un fallo que prohíbe al gobierno de Estados Unidos deportar inmigrantes venezolanos utilizando la obsoleta “ley de enemigos extranjeros”, una normativa de la época colonial que había sido invocada para vincularlos con actividades criminales. La decisión representa un alivio para decenas de detenidos en centros migratorios del sur de Texas, quienes temen ser enviados a la megaprisión de El Salvador sin pruebas concretas de delitos.
La medida llega poco después de que 31 hombres en el centro de detención Blue Bonnet, en Anson, Texas, formaran un gigantesco “SOS” visible desde el aire en señal de auxilio y desesperación. La imagen, captada por un dron, muestra a los detenidos uniformados en colores naranja y rojo, suplicando que no sean deportados injustamente. Uno de ellos, Diego Alejandro, dijo en exclusiva a Noticias Telemundo: “Tenemos miedo de que nos deporten a El Salvador. Queremos regresar a nuestro país natal, no ser tratados como criminales”.
Los migrantes aseguran que fueron presionados para firmar documentos que los vinculaban con el Tren de Aragua, una organización criminal venezolana. “Nos hicieron firmar un papel donde decía que éramos del Tren de Aragua y enemigos extranjeros del país. Eso es falso”, denunció Jonathan Betancur, otro de los detenidos. La madre de uno de los jóvenes, Maidoris Vegas, denunció desde Venezuela: “No podemos permitir las injusticias que están pasando solo por tener un tatuaje y ser venezolano. Eso no nos define”.
El Departamento de Seguridad Nacional respondió señalando que la administración de Donald Trump había endurecido las políticas migratorias precisamente para evitar que pandilleros fueran liberados en comunidades estadounidenses, y defendió el uso de herramientas legales para combatir la criminalidad transnacional. Sin embargo, el juez Fernando Rodríguez calificó como ilegal el uso de la ley de guerra del siglo XVII para justificar deportaciones sin debido proceso.
Aunque las autoridades afirman que algunos de los detenidos tienen historial criminal, el fallo judicial establece un precedente que limita el uso de leyes arcaicas para castigar colectivamente a migrantes sin pruebas. El caso reabre el debate sobre justicia migratoria, estigmatización de nacionales y la necesidad de reformas más humanas y actualizadas en el sistema de inmigración de EE.UU.
