Abuela de 103 años en El Salvador podría quedarse sin pañales si se aprueba impuesto a remesas de indocumentados.

El Salvador.- Geraldina Asencio, una mujer que tiene un negocio familiar, teme por el bienestar de su abuela de 103 años en San Salvador si se aprueba un nuevo impuesto a las remesas enviadas por indocumentados desde Estados Unidos.

La medida, ya aprobada en la Cámara Baja y ahora en discusión en el Senado, impondría un gravamen del 3.5 % a las transferencias de dinero, lo que impactaría directamente en el monto recibido por miles de familias centroamericanas.

Gerardina, quien administra un taller mecánico familiar, envía mensualmente 300 dólares a su madre y su abuela, quienes dependen de ese dinero para comprar productos esenciales como pañales desechables. “Se orina en la cama y sin los pampers no puede estar. Es algo necesario que no puedo dejar de comprar”, explicó su madre a Univisión.

El impuesto propuesto podría reducir en hasta 20 dólares lo que reciben, lo que equivale a al menos dos paquetes de pañales. “Tendría que dejar de comer frutas para poder seguir comprándolos”, añadió.

Organizaciones proinmigrantes advierten que esta medida no solo es una carga injusta para trabajadores que ya contribuyen con la economía estadounidense, sino que podría incentivar el uso de rutas informales o peligrosas para enviar dinero, afectando además a economías enteras como la de México, que depende en un 40 % de las remesas como ingreso externo.

Mientras tanto, familias como la de Geraldina ya se preparan para un posible recorte en el envío de dinero y alertan sobre el efecto devastador que esto tendría sobre ancianos, niños y personas vulnerables en sus países de origen.

Impuestos en EE.UU.

En Estados Unidos, algunos legisladores han impulsado propuestas para aplicar un impuesto a las remesas enviadas por inmigrantes indocumentados o no ciudadanos hacia sus países de origen. La medida, que ha sido aprobada en la Cámara Baja y avanza en el Senado, busca generar ingresos adicionales para proyectos de seguridad fronteriza. Sin embargo, ha generado preocupación entre las comunidades migrantes, que temen que este impuesto encarezca significativamente el envío de dinero a sus familias, muchas de las cuales dependen de esas remesas para cubrir necesidades básicas como alimentación, educación y salud.

Diversos sectores sociales y organizaciones de derechos humanos han criticado la iniciativa, argumentando que representa una carga injusta sobre una población que ya contribuye a la economía estadounidense a través de su trabajo y consumo. Además, advierten que un impuesto de este tipo podría fomentar el uso de métodos informales y riesgosos para enviar dinero, reduciendo la transparencia del sistema financiero y exponiendo a los migrantes a posibles fraudes. Países como México, El Salvador y Guatemala —principales receptores de remesas— también han manifestado preocupación por el impacto económico y social que una medida así tendría en sus poblaciones más vulnerables.