San Francisco de Macorís. — La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de la provincia Duarte impuso tres meses de prisión preventiva como medida de coerción contra Joham Almonte Ramos, acusado de haber ultimado a balazos a un guachimán en un centro de diversión de esta ciudad.
El hecho ocurrió la semana pasada y cobró la vida del guachimán identificado, Nelson Hidalgo Taveras, quien se desempeñaba como seguridad del establecimiento. El joven Almonte Ramos deberá cumplir la medida en la fortaleza Juan Pablo Duarte de San Francisco de Macorís, mientras se avanza con la investigación del caso.
El abogado de la parte querellante señaló que el tribunal consideró que el imputado representa un peligro para el desarrollo del proceso judicial, destacando que existen “numerosos elementos probatorios que vinculan directamente al joven con el crimen”.
“El tribunal entendió que se trata de un individuo con un perfil de alta peligrosidad. Incluso, después de cometer el hecho, declaró públicamente no sentirse arrepentido por lo ocurrido”, expresó el jurista. Añadió que la magistrada también tomó en cuenta la actitud del acusado y la claridad con la que desde el inicio se identificó al autor del crimen por los medios.
La revisión obligatoria de la medida fue pautada para dentro de tres meses, conforme al procedimiento judicial establecido.
Violencia en RD
La violencia continúa siendo uno de los principales desafíos sociales en la República Dominicana, reflejada en hechos recientes como el asesinato de un guachimán en un centro nocturno de San Francisco de Macorís. Este tipo de crímenes, muchas veces originados por conflictos personales, intolerancia o el fácil acceso a armas de fuego, generan preocupación en la ciudadanía y presionan al sistema judicial y a las autoridades para actuar con firmeza.
Organizaciones sociales y defensores de derechos humanos han reiterado la necesidad de implementar políticas públicas más efectivas para prevenir la violencia, fortalecer la educación en resolución de conflictos y mejorar el control de armas ilegales. Mientras tanto, la población exige justicia y mayor seguridad en espacios públicos y privados ante el incremento de estos hechos lamentables.
