El abogado Eric Raful, miembro de la comisión creada por el decreto 333-22 para la reforma de la Ley de Medios de Comunicación y Plataformas Digitales, defendió este lunes en una entrevista radial el controvertido anteproyecto sometido al Congreso, en medio de crecientes críticas de comunicadores, productores digitales y sectores de la sociedad civil.
Raful respondió a las inquietudes expresadas sobre la creación del Instituto Nacional de Comunicación (INACOM), entidad que tendría capacidad sancionadora, alegando que “se parte de una falsa premisa” al pensar que el proyecto busca limitar la libertad de expresión. “Este es un órgano concebido para proteger a los comunicadores, no para perseguirlos. Paradójicamente, los más protegidos con este proyecto son los youtubers y creadores de contenido”, afirmó.
El jurista señaló que las sanciones establecidas están “armonizadas con la Constitución y con la Ley 107-13 sobre procedimientos administrativos”, y subrayó que cualquier decisión del INACOM puede ser apelada ante los tribunales, preservando el debido proceso.
Autonomía y socialización
Consultado sobre la preocupación de que el nuevo organismo dependa del Poder Ejecutivo, Raful explicó que el INACOM tendría autonomía funcional y sería elegido por el Senado, en virtud del artículo 141 de la Constitución. “No puede haber injerencia del Ejecutivo. Incluso la adscripción al Ministerio de Cultura es meramente formal”, puntualizó.
Ante el señalamiento de que la ley no ha sido suficientemente socializada, Raful detalló que el anteproyecto fue fruto de más de dos años de trabajo, incluyendo consultas en universidades, participación ciudadana y gremios de comunicadores. No obstante, respaldó la celebración de vistas públicas y más debates: “Mientras más se socializa, más se legitima la norma”.
¿Y el rol del presidente?
En respuesta a quienes cuestionan que el presidente Luis Abinader no haya asumido públicamente la defensa del proyecto, Raful fue claro: “No recibimos ningún lineamiento del Poder Ejecutivo. La Presidencia respetó completamente la independencia de la comisión”. Aseguró que todos los integrantes pueden dar testimonio de ello, incluyendo juristas de distintas gestiones de gobierno.
Conclusión
Raful insistió en que esta propuesta de ley representa un avance en términos institucionales, ajustado a las directrices del Tribunal Constitucional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la UNESCO. “Se está organizando algo que ya existe, pero que hoy funciona sin controles claros y puede resultar más perjudicial”, concluyó.
