Santo Domingo — Empleados de la Dirección General de Migración manifestaron su preocupación ante el incumplimiento en el pago del bono correspondiente al mes de abril, el cual representa un 80% adicional del salario y que, por ley, debe pagarse dos veces al año.
Según denunciaron, a la fecha no han recibido el pago esperado, lo que ha generado malestar generalizado dentro de la institución. Muchos trabajadores contaban con ese ingreso para asumir compromisos financieros previamente adquiridos, por lo que esta situación ha generado tensiones y dificultades económicas entre el personal.
“El bono de abril no se ha pagado y ya estamos en mayo. Nadie dice nada, y mientras tanto tenemos que buscar cómo resolver nuestras responsabilidades sin ese dinero”, expresó uno de los empleados afectados que prefirió mantener el anonimato por temor a represalias.
Los trabajadores exigen que la institución emita una comunicación oficial aclarando el motivo del retraso y garantizando el cumplimiento de este derecho laboral. Consideran urgente que se respete el cronograma de pagos establecido, para evitar que esta situación se repita en el futuro.
Además del retraso, los empleados denuncian la falta de información oficial por parte de las autoridades de la Dirección de Migración. Hasta el momento, no se ha emitido ningún comunicado explicando las razones del incumplimiento ni ofreciendo una fecha estimada para el pago del bono, lo que aumenta la incertidumbre y el descontento dentro de la institución.
El bono en cuestión, equivalente al 80% del salario mensual, constituye un complemento económico significativo para los empleados y su incumplimiento representa una violación directa a los derechos adquiridos por los trabajadores. De acuerdo con la normativa vigente, este beneficio debe ser entregado en abril y diciembre de cada año.
Ante la falta de respuestas, algunos empleados evalúan la posibilidad de elevar su reclamo a instancias superiores, incluyendo el Ministerio de Administración Pública y el Ministerio de Trabajo, para exigir el cumplimiento de sus derechos laborales y solicitar la intervención del Estado en la solución de este conflicto.
