El Instituto Duartiano rechazó enérgicamente las recientes críticas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Amnistía Internacional y sectores de la sociedad civil haitiana, que acusan a la República Dominicana de deportar mujeres embarazadas haitianas. Su presidente, Wilson Gómez Ramírez, calificó las denuncias como una nueva campaña de descrédito internacional contra el país.

Gómez aseguró que la República Dominicana ofrece servicios médicos a mujeres extranjeras en situación de emergencia, incluyendo partos, y que tras recibir atención, estas personas regresan a su país como lo hacen también dominicanas procedentes de zonas fronterizas. Afirmó que “la ONU carece de calidad moral para exigir al país”, dado que ha fallado en su responsabilidad frente a la crisis humanitaria en Haití.

El Instituto sostuvo que el país actúa conforme al artículo 3 de su Constitución, ejerciendo su derecho soberano de repatriar a personas en situación migratoria irregular, y pidió respeto a la autodeterminación nacional.

Además, el Instituto Duartiano acusó a ciertos organismos internacionales de actuar con sesgo y de ignorar deliberadamente los esfuerzos humanitarios que realiza la República Dominicana, especialmente en las zonas fronterizas. “Somos el único país que ha asumido una carga humanitaria que no le corresponde y, en lugar de reconocimiento, recibimos ataques injustificados”, expresó Gómez Ramírez.

También cuestionó la inacción de la ONU frente al deterioro institucional y social en Haití, señalando que, en vez de presionar a las autoridades dominicanas, debería enfocar sus recursos y atención en contribuir a la estabilización del país vecino. “Es inadmisible que se pretenda cargar sobre los hombros del pueblo dominicano una responsabilidad que corresponde a la comunidad internacional”, puntualizó.

El Instituto llamó a los sectores nacionales a mantenerse firmes en la defensa de la soberanía y del cumplimiento de las leyes migratorias. Reiteró que el país está abierto a la cooperación internacional, pero sin aceptar imposiciones que atenten contra su estabilidad, su sistema de salud y su identidad nacional.