Santo Domingo. – Las primeras auditorías divulgadas por la nueva Cámara de Cuentas han generado reacciones en el Congreso Nacional, al revelar graves irregularidades en tres instituciones del Estado correspondientes a la gestión del expresidente Danilo Medina. Los informes señalan anomalías en el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Industria y Comercio, y el Instituto Nacional de Apoyo a la Primera Infancia (INAIPI).
Senadores del oficialismo valoraron positivamente la publicación de estas auditorías, destacando que representan un paso hacia la transparencia y la rendición de cuentas. “Lo que la pasada Cámara no tuvo el valor de sacar, esta sí lo está haciendo. Y que auditen este gobierno también, no hay temor”, afirmó un legislador del PRM. Otro señaló que “es lo que la población espera: resultados y evidencias del voto de confianza”.
Desde la oposición, también hubo respaldo al trabajo iniciado por el nuevo equipo que encabeza Emma Polanco, aunque con el llamado a que las auditorías se realicen con imparcialidad. “La Cámara debe auditar tanto este gobierno como los anteriores con el mismo rigor, transparencia y racionalidad”, expresó un senador opositor.
Estas son las primeras auditorías que publica la institución bajo la gestión de Polanco, marcando un giro tras los cuestionamientos a la pasividad de la anterior administración. Legisladores de ambas bancadas coincidieron en que el país necesita una Cámara de Cuentas que actúe con independencia y responsabilidad para fortalecer la institucionalidad democrática.
Las auditorías revelaron, entre otras anomalías, posibles manejos irregulares de fondos públicos, contratos sin el debido proceso y deficiencias en los controles internos de las instituciones auditadas. Aunque aún no se han revelado todos los detalles técnicos, los hallazgos han generado preocupación en distintos sectores, que demandan consecuencias legales si se comprueba la comisión de faltas graves.
Diversas voces de la sociedad civil y organismos de fiscalización han pedido que estos informes no queden en simples documentos archivados, sino que se traduzcan en acciones concretas por parte del Ministerio Público y demás autoridades competentes. La expectativa ahora se centra en la continuidad del proceso de auditorías y en que se extiendan a más instituciones del Estado, tanto del presente como del pasado.
