El comunicador Dany Alcántara denunció este lunes, lo que calificó como un preocupante atentado contra la libertad de expresión y la institucionalidad del Estado de derecho en la República Dominicana.
Durante su intervención en el programa matutino “El Despertador”, Alcántara cuestionó enérgicamente la decisión del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) de prohibir la promoción del canal virtual 3, asignado oficialmente a la empresa Franascil, asegurando que tal medida carece de fundamento legal y representa un acto de censura inconstitucional. “¿Desde cuándo el gobierno se convierte en un sensor de contenido?”, cuestionó con firmeza, al tiempo que advirtió que esta acción podría inducir al presidente de la República a violar la ley.
Alcántara recordó que la asignación del canal fue realizada mediante resoluciones oficiales del Indotel, acompañadas de licencias de operación y pagos documentados por el uso del espectro radioeléctrico. En ese contexto, denunció que calificar ahora el conflicto como un “asunto entre particulares” es una irresponsabilidad institucional y una amenaza directa a la seguridad jurídica del país.
El comunicador anunció una convocatoria pública para el próximo 3 de junio frente al Palacio Nacional, donde un grupo de periodistas y ciudadanos expondrán lo que considera “el acto más grosero de censura en la historia democrática dominicana”. Alcántara apeló a la integridad del presidente Luis Abinader, instándolo a no permitir que su gobierno incurra en una mancha que, según afirmó, podría marcar negativamente su legado.
Proyecto de ley
El proyecto de Ley Orgánica de Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales, introducido por el Poder Ejecutivo ante el Senado el 23 de abril, busca derogar la Ley 6132, vigente desde 1962, con la finalidad de actualizar el marco jurídico en consonancia con los estándares internacionales sobre libertad de expresión. La propuesta legislativa reconoce este derecho como esencial y ejercible, sin censura previa, abarcando todos los medios, incluidos los digitales, lo que supone una ampliación formal de los canales de difusión protegidos por la ley.
Sin embargo, el articulado ha generado preocupación en sectores sociales y políticos, que advierten sobre ambigüedades que podrían prestarse a interpretaciones restrictivas. Críticos del proyecto alegan que, aunque en apariencia busca modernizar la legislación, incluye disposiciones que podrían facilitar mecanismos de control estatal, limitar la crítica pública y restringir la expresión ciudadana en redes sociales, lo que ha motivado su apodo popular de “ley mordaza”.
