La Corte de Comercio Internacional de Estados Unidos dictaminó este miércoles que el expresidente Donald Trump excedió su autoridad presidencial al imponer una serie de aranceles globales durante su mandato, al amparo de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (YEPA).
El fallo, emitido por un panel de tres jueces en la sede de la Corte en Nueva York, concluyó que el uso de la YEPA para justificar medidas arancelarias carece de sustento legal y viola el principio constitucional de que es el Congreso quien tiene la potestad exclusiva para legislar sobre impuestos y comercio internacional.
Según la decisión, los aranceles impuestos por la administración Trump incluyendo los gravámenes generalizados anunciados el 2 de abril de 2020 y otros dirigidos a Canadá, México y China “exceden cualquier autoridad otorgada al presidente” por dicha ley y, por tanto, quedan anulados y se prohíbe su futura aplicación.
“El presidente no puede declarar una emergencia comercial simplemente por considerar desfavorables los déficits de balanza comercial”, escribió el tribunal en su opinión mayoritaria.
La decisión llega tras varias demandas presentadas por empresas, asociaciones comerciales y gobiernos estatales que alegaban que los aranceles fueron impuestos sin la debida autorización del Congreso, y que su impacto fue devastador para sectores clave de la economía estadounidense.
En respuesta, un portavoz de la Casa Blanca afirmó que “el trato no recíproco de países extranjeros hacia Estados Unidos ha alimentado déficits comerciales que constituyen una emergencia nacional” y criticó el fallo señalando que “no corresponde a jueces no electos decidir cómo abordar dicha emergencia”.
Aunque muchos de los aranceles habían sido suspendidos luego de causar turbulencias en los mercados financieros, Trump mantuvo algunos, como el arancel del 10% a ciertas importaciones, durante un periodo de 90 días con el objetivo de renegociar acuerdos bilaterales.
Se anticipa que la administración Trump apelará la decisión ante el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal en Washington, abriendo una nueva batalla legal que podría definir los límites del poder ejecutivo en materia comercial.
