La comunicadora Consuelo Despradel criticó con firmeza una manifestación realizada por mujeres y organizaciones no gubernamentales (ONGs) en Haití, quienes demandan que se respete el derecho de las haitianas a parir en hospitales de República Dominicana. El hecho, que tuvo lugar en territorio haitiano, busca que el Estado dominicano garantice atención médica gratuita a las mujeres embarazadas del vecino país y detenga las deportaciones en estos casos, permitiéndoles parir en centros de salud dominicanos sin ser retornadas.
Durante su participación en el programa El Sol de la Mañana, Despradel calificó como “absurdo” que esas demandas no se dirijan al propio gobierno haitiano, sino que pretendan que sea la República Dominicana quien asuma esa carga. “Están haciendo marchas allá para que dejemos parir las mujeres aquí, como si fuera nuestra responsabilidad”, afirmó. La periodista también denunció que muchos hospitales en Haití están fuera de servicio, controlados por bandas armadas o abandonados, lo que ha generado una crisis de salud pública que se traslada al sistema sanitario dominicano.
Despradel advirtió que, aunque históricamente el país ha ofrecido asistencia médica humanitaria, no se puede permitir que esa solidaridad se convierta en una obligación impuesta por presión internacional o por grupos organizados desde Haití. “Que le exijan a su gobierno, no al nuestro. Aquí no se puede seguir cargando con un Estado fallido ajeno”, sostuvo. Asimismo, llamó a que la comunidad internacional y organizaciones como la Iglesia Católica, que posee recursos, contribuyan con la creación de hospitales seguros dentro del territorio haitiano para atender a su propia población.
La comunicadora respaldó las recientes declaraciones del presidente Luis Abinader sobre la necesidad de que Haití asuma sus responsabilidades y enfatizó que la situación actual de salud y migración no puede seguir recayendo sobre los hombros del pueblo dominicano.
La República Dominicana, a través de la Dirección General de Migración (DGM), ha implementado una política migratoria que incluye la deportación de mujeres haitianas embarazadas o en estado de parto, especialmente aquellas que se encuentran en situación migratoria irregular. Esta medida, que ha generado amplio debate nacional e internacional, se justifica por las autoridades dominicanas bajo el argumento de que el país no puede seguir asumiendo los costos del colapsado sistema de salud haitiano ni la creciente presión sobre los servicios públicos, en especial en los hospitales fronterizos y del Gran Santo Domingo. El gobierno ha enfatizado que se trata de una acción legal conforme a las normativas migratorias vigentes, aunque ha sido cuestionada por organismos de derechos humanos.
Diversas organizaciones internacionales, como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, han expresado su preocupación por estas deportaciones, señalando que podrían violar principios humanitarios y los derechos de las mujeres embarazadas, especialmente si son repatriadas en condiciones médicas delicadas. Sin embargo, las autoridades dominicanas han sostenido que estas medidas buscan garantizar el orden migratorio, proteger los recursos nacionales y presionar a la comunidad internacional para que asuma una mayor responsabilidad ante la crisis humanitaria en Haití. Mientras tanto, la práctica continúa siendo objeto de controversia en los foros locales e internacionales.
