San Salvador. — La Asamblea Legislativa de El Salvador, controlada por el partido oficialista Nuevas Ideas, aprobó este martes la controvertida Ley de Agentes Extranjeros, que impone un impuesto del 30 % a las donaciones que reciben las organizaciones no gubernamentales (ONG). La medida ha generado rechazo entre la oposición y organizaciones defensoras de derechos humanos.

La ley, respaldada por la mayoría oficialista, establece además que las ONG deberán declarar el uso específico de los fondos que reciban, prohíbe aceptar donaciones anónimas y penaliza cualquier cambio en el propósito del financiamiento sin previa notificación. El incumplimiento de estas disposiciones podría conllevar multas de hasta 200,000 dólares.

La diputada opositora Claudia Ortiz calificó la normativa como “una herramienta autoritaria” y advirtió que su aplicación quedará a discreción del Gobierno, lo que pone en riesgo la libertad de asociación y de expresión en el país. En esa misma línea, la organización Human Rights Watch alertó que leyes similares en países como Rusia y Nicaragua han sido utilizadas para silenciar y estigmatizar a la sociedad civil.

La polémica ley ha encendido el debate sobre el espacio cívico en El Salvador, donde diversas ONG juegan un papel clave en la defensa de los derechos humanos, la transparencia y el apoyo a poblaciones vulnerables. Críticos temen que esta medida represente un nuevo retroceso democrático en el país.

Diversas organizaciones civiles salvadoreñas han expresado su preocupación, asegurando que esta ley podría tener un impacto devastador en su operatividad. Muchas de estas entidades dependen casi exclusivamente de financiamiento internacional para llevar a cabo sus programas sociales, educativos y de salud, por lo que el nuevo impuesto y las restricciones administrativas podrían forzar la reducción de sus actividades o incluso su cierre.

En contraste, el oficialismo justifica la ley como un mecanismo para garantizar la “transparencia en el uso de fondos extranjeros” y “proteger la soberanía nacional”. Sin embargo, analistas advierten que esta narrativa forma parte de un patrón más amplio de concentración de poder y debilitamiento de los contrapesos democráticos en El Salvador bajo el liderazgo del presidente Nayib Bukele.